El comité de la huelga de bomberos comarcales que arrancó a mediados de junio urge una reunión con la Vicepresidencia Primeira de la Xunta y las cuatro diputaciones provinciales para acabar con el conflicto.

A través de un comunicado conjunto, los sindicatos UGT, CCOO, CIG, Sibgal, CSIF y USO acusan a las administraciones de «desidia» y «menosprecio» porque todavía no les dio «ninguna respuesta» a las últimas sugerencias que remitieron el día 4 de agosto por correo electrónico. Buscan aprobar un convenio colectivo único para toda Galicia.

Y es que, precisamente, la Vicepresidencia Primeira de la Xunta y Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes convocó a las diputaciones y a los representantes de los trabajadores el pasado miércoles 2 de agosto para la firma de un protocolo de colaboración que estableciese un marco de diálogo.

El comité insiste en que el protocolo, al que no se adhirieron, «no fue consensuado» con ellos «en ningún momento» porque las administraciones autonómica y provincial –que sí lo firmaron– quisieron «imponer» en dicho documento la desconvocatoria de la huelga.

Pese a que desde entonces los sindicatos quisieron enviar sus propias aportaciones al protocolo, lamentan que «la única disculpa verbal» que recibieron fue: «Estamos de vacaciones y tenemos familia».

El comité considera que esta «actitud pasota, de menosprecio e ineptitud» por parte de la Xunta demuestra «desidia y falta de interés» por arreglar este conflicto, y recuerda que los trabajadores «también» tienen familia y que, pese a ello, «muchas veces» priorizan el servicio.

LA XUNTA REIVINDICA EL ACUERDO

Por parte de la Xunta, la Vicepresidencia Primeira reivindica la propuesta firmada con las diputaciones, que «se remitió en tiempo y forma» y que, según sostiene a una consulta realizada por Europa Press, «atiende a las demandas» de los trabajadores.

Este acuerdo, al que no se adhirieron los sindicatos, fija la voluntad de trabajar para aplicar la sentencia de 28 de enero de 2022 del Tribunal Supremo al personal subrogado de los consorcios provinciales de A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra, con la condición de personal indefinido fijo que tenían en el momento de la subrogación con motivo del modelo hacia una gestión directa.

Como primer paso, se prevé la firma de un convenio colectivo en cada uno de los consorcios en el que se recojan las mejores condiciones de los acuerdos que tenían los trabajadores con las empresas prestadoras del servicio. Además, establece que, a partir de septiembre, se iniciaría la negociación de nuevos convenios que homogeinicen las condiciones de los cuatro consorcios, junto a la tramitación de las correspondientes relaciones de puestos de trabajo (RPT).

«Para avanzar en este proceso, los representantes de los trabajadores solo tenían que desconvocar la huelga, a lo que se negaron», lamenta la Vicepresidencia Primeira. Pese al rechazo de los sindicatos, la Administración autonómica «mantiene el ofrecimiento» para avanzar en las negociaciones.

No en vano, la Xunta destaca que asume «más de la mitad de la financiación» del servicio contraincendios, pese a «corresponder a las administraciones locales», es decir, ayuntamientos y diputaciones.