La Fiscalía de Medio Ambiente de A Coruña ha abierto diligencias de investigación contra la directora de Augas de Galicia, Teresa Gutiérrez, y otros cargos de su departamento en relación con la autorización de vertidos del pasado mes de febrero concedida a la mina de San Finx, en el municipio de Lousame (A Coruña).

Así, la fiscala de Medio Ambiente en A Coruña insta a que se tome declaración en calidad de investigados a Teresa Gutiérrez y otros cargos de Augas para determinar si procede exigir algún tipo de responsabilidad penal en relación con estos hechos.

En este sentido, estas diligencias preprocesuales se han abierto a raíz de denuncias realizadas por la cofradías de pescadores de Noia y Portosín, así como por Ecoloxistas en Acción, en las que se alertaba del «modo irregular en el que se concedió la autorización de vertidos y de la omisión por parte de Augas de Galicia tanto del control y sanción de vertidos ya existentes como de la obligación de cobrar a la empresa minera el canon del control de vertidos, lo que asciende a más de 30 millones de euros».

Fiscalía también recoge denuncias por vertidos ilegales que cursaron ante el Seprona las cofradías, que en este caso achacan a la filial de la empresa australiana Pivotal Metals y sus administradores.

En un comunicado, tanto las cofradías como Ecoloxistas en Acción demandan al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y a la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, que estos cargos sean apartados «inmediatamente» de los expedientes relativos a la mina de San Finx ante «el riesgo de destrucción de pruebas y el evidente conflicto de intereses en los trámites en curso».

Recuerdan que «este mes la directora de Augas de Galicia acordó conceder una prórroga a la empresa minera australiana para completar las infraestructuras de vertido, después de que esta incumpliese el condicionante de finalizar las obras en cuatro meses». «De este modo, el vertido de casi 1.000 millones de litros anuales podría comenzar a partir del 12 de agosto, inyectando metales pesados a la ría de Muros y Noia, donde miles de familias dependen de la calidad de las aguas y de los bancos de marisqueo para su sustento», agregan.

Paralelamente a esta investigación de Fiscalía, hay varias causas penales abiertas en relación a la mina de San Finx, tales como las diligencias contra el ex director xeral de Minas Ángel Bernardo Tahoces –que deberá declarar en Santiago junto con otros funcionarios investigados–, así como contra la propia empresa minera y sus administradores.