La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (Crue) ha mostrado su «máxima preocupación ante la falta de respuesta» del Ministerio de Hacienda y Función Pública a la reclamación de las universidades para que «se definan correctamente los procedimientos de gestión y justificación».

El Comité Permanente de Crue y las presidencias de las comisiones sectoriales de la asociación, reunidos por primera vez bajo el mandato de la rectora Eva Alcón, han abordado el «riesgo de paralización de los proyectos de investigación universitaria financiados con fondos europeos Next Generation».

Los rectores advierten en un comunicado de que esta situación está llevando a varias universidades a «tener que renunciar a estos fondos» asociados al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) y, en concreto, al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) del Gobierno.

El pasado 11 de mayo la institución envió una carta a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para trasladarle que los gestores administrativos de la investigación «están sufriendo una sobrecarga de burocracia en la gestión y justificación de las ayudas que desborda su capacidad».

«A esta situación se suma la falta de coordinación por parte de los diferentes órganos financiadores del Gobierno y la confusión respecto a cómo se debe gestionar desde las universidades la justificación de los fondos del MRR, porque las instrucciones de Hacienda no aclaran si las obligaciones atribuidas a los agentes gestores aplican a todos los contratos o si, por el contrario, los contratos menores están excluidos», avisa la Crue.

Los rectores consideran que la asunción de las responsabilidades de aportación de información en el sistema de gestión «sólo es posible si las obligaciones establecidas aplican, exclusivamente, a los contratos mayores, esto es, superiores a 50.000 euros (límite establecido a los contratos menores realizados por los agentes públicos del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación SECTI)».

Por ello, para favorecer una gestión «más ágil» y acorde con las capacidades de las unidades de gestión de investigación de las universidades españolas, solicita que las universidades, como parte del SECTI y entidades ejecutoras en la gestión de fondos PRTR en el marco de los proyectos de investigación y transferencia, sean eximidas del cumplimiento de las obligaciones exigidas sobre la aportación de la información que se genere en los procesos de gestión acerca de los intervinientes en los contratos menores inferiores a 50.000 euros.

También reclama que no se duplique la carga de gestión de los proyectos del PRTR dejando un solo sistema de información que pueda servir para la justificación de los fondos ejecutados «evitando así, el colapso absolutamente predecible y de consecuencias nefastas en la gestión de los fondos PRTR dedicados a la investigación».