El representante de Fiscalía en el juicio por el accidente del tren Alvia, Mario Piñeiro, ha aludido al «galimatías jurídico» existente en materia de seguridad ferroviaria para justificar que Adif, el administrador de la infraestructura, y en concreto su ex director de seguridad en la circulación, Andrés Cortabitarte, desde su punto de vista «no defraudó la norma» en este ámbito.
En su exposición del informe con el que justifica sus conclusiones definitivas, en las que retira la acusación contra el ex alto cargo de Adif, el fiscal ha razonado de esta manera en relación con el reglamento europeo 352 de 2009 relativo a la adopción de un método común de seguridad para la evaluación y valoración del riesgo.
Así, ha justificado que no se aplicase al argumentar que existía un «galimatías jurídico» y un «conflicto» sobre su aplicación, por el periodo transitorio hasta 2012 y el grado de aplicación en los diferentes estados. Con ello, ha destacado que entiende que «la pregunta es» si Adif defraudó la normativa aplicable con los criterios que aplicó para evaluar riesgos, y se ha respondido a sí mismo que entiende que «no la defrauda», por lo que considera que no hay «responsabilidad penal» en Cortabitarte.
Además, sobre la decisión de Cortabitarte de desconectar el sistema ‘ERTMS’ en su modalidad embarcada, «un hecho que se le puede imputar sin ninguna duda» al ex alto cargo de Adif, ha asegurado que «no tiene relevancia penal» y que «estaba justificada, independientemente de que se pueda discutir si era lo mejor, porque el sistema daba fallos de fiabilidad». «No necesitamos entrar en esta cuestión», ha resuelto.
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