El Parlamento de Galicia ha instado, por unanimidad, a la Xunta a dirigirse al Gobierno central para defender ante la Comisión Europea la exclusión «total» de las conservas de atún del acuerdo de libre comercio con Tailanda y del proceso de liberalización arancelaria.

Asimismo, esta propuesta del PPdeG –respaldada por BNG y PSdeG– demanda el establecimiento de «normas sólidas y equitativas» que garanticen la igualdad de condiciones entre Tailandia y la UE que «evite la competencia desleal».

Galicia es el principal productor de conservas de pescados y mariscos de España y la UE, con 305.403 toneladas en 2022. El atún se corresponde con el 70% del volumen de conservas en el Estado.

Al respecto, José Manuel Balseiro (PP) llama la atención acerca de que conservas importadas de Tailandia no «cumplen con requisitos mínimos» en materia de precios y condiciones higiénicas o laborales, en lo que tacha de «competencia desleal injusta» frente a Galicia.

Por ello, avisa de que la apertura del mercado comunitario a las conservas de atún de Tailandia, que tiene una producción superior a 550.000 toneladas, «sería un golpe letal» para las industrias gallega y española.

De tal forma, defiende «asegurar un mínimo» de equilibrio competitivo, «sin comprometer la supervivencia» de la industria transformadora autóctona. Asegura que el PP lo hará también desde el Gobierno central si les dan «la oportunidad de gobernar desde la Moncloa».

En esta línea, Rosana Pérez (BNG) avisa de que la conserva gallega se puede ver «muy afectada» por este acuerdo. En esta línea, lamenta que la «globalización» permita la importación de países que no cumplen con estándares sanitarios y laborales al tiempo que la UE «impone» recortes a las flotas europea.

Asimismo, Patricia Otero (PSdeG) comparte esta iniciativa porque «hay que jugar con las mismas normas de juego», si bien recuerda que el Ministerio de Pesca lleva trabajando en esta demanda desde 2018 por considerar las conservas productos «sensibles».