El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Plan de Actuaciones contra los incendios forestales para el verano y lo que queda de 2023 teniendo en cuenta un «espíritu de adaptación al cambio climático», motivo por el que el dispositivo se adelantó casi dos meses, y que incluye un conjunto de medidas de apoyo a las comunidades autónomas, las competentes en la lucha contra el fuego.
Así lo ha anunciado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska durante la rueda posterior al Consejo de Ministros, donde ha recordado que «entre las máximas prioridades» del Gobierno está la lucha contra el cambio climático y sus consecuencias, que han demostrado su «terrible potencial destructivo» sobre pueblos, campos, ciudades, explotaciones ganaderas y agrícolas y sobre el patrimonio natural de las distintas regiones de España.
Por ello, ha recordado que el pasado 28 de abril se constituyó el Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal el pasado 28 de abril, un mes y medio antes de las fechas habituales.
Marlaska ha destacado que según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales, en España se quemaron en 2022 más de 300.000 hectáreas y se convirtió en el país con mayor superficie forestal arrasada por el fuego y ha añadido que el número de grandes incendios forestales (más de 500 hectáreas) fue tres veces superior a la media de los últimos diez años.
Además, ha precisado que el año pasado las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado realizaron evacuaciones preventivas de población en 94 incendios forestales que afectaron a más de 30.200 vecinos y cuatro personas perdieron la vida en estos fuegos.
«A eso nos enfrentamos», ha dicho el ministro del Interior que ha asegurado que el Gobierno ha acordado poner «todos los medios necesarios para encarar este escenario y proteger a los ciudadanos sus vidas y sus bienes».
En concreto, desde el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico aportará las Brigadas de Incendios Forestales (BRIF) y hasta once hidroaviones de gran capacidad que opera el 43 Grupo Ejército del Aire y del Espacio del Ministerio de Defensa. Interior pondrá a disposición los efectivos de las Fuerzas de Seguridad del Estado, 1.400 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias que se dedicarán a la lucha directa contra los incendios y personal de la Dirección General de Tráfico, entre otros medios como otros apoyos logísticos y operativos que pudieran ser necesarios.
La campaña de incendios estará coordinada por la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior coordinará la gestión de los medios con los que la Administración General del Estado apoya los dispositivos autonómicos de lucha contra el fuego.
El comité incluye además efectivos de las unidades de Seguridad Ciudadana, de la Agrupación de Tráfico, del Servicio de Montaña, de la Agrupación de Reserva y Seguridad (que se reforzará en las zonas y comandancias afectadas por incendios forestales de gran magnitud) y del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil, así como los medios de sus servicios Aéreo y Marítimo, realizarán labores de vigilancia y alerta en caso de detectar algún foco de incendio. Estas unidades prestarán también apoyo a las labores de extinción.
Asimismo, los equipos especializados tanto del SEPRONA como de las unidades de Policía Judicial investigarán los incendios y elaborarán los correspondientes atestados.
Por otro lado, el ministro ha dicho que la Policía Nacional participa de forma activa en los planes contra incendios vigentes en las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia, Navarra y Comunidad Valenciana.
En cuanto a la Dirección General de Tráfico, que realiza la gestión, control e información de las carreteras afectadas por incendios y accesos a poblaciones cercanas con el apoyo de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y mediante la gestión de los 2.465 paneles de mensaje variable luminosos repartidos en 16.137 kilómetros de carreteras.
Todas las solicitudes de medios extraordinarios que pidan las comunidades autónomas serán canalizadas por la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, que gestiona y mantiene operativa la Red de Alerta Nacional desde la que se distribuye la información a todos los órganos involucrados en la gestión de situaciones de emergencia y público en general.
Por su parte, el Ministerio de Justicia mantiene 201 fiscales especialistas en estas materias en las distintas fiscalías territoriales para garantizar la pronta y eficaz persecución de las posiblesresponsabilidades penales en aquellos incendios intencionados. Grande-Marlaska ha precisado que en 2022 la Guardia Civil concluyó que 584 incendios habían sido intencionados y se practicaron las correspondientes detenciones.
Al mismo tiempo, la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana realizará siegas, podas y despeje de vegetación, así como la vigilancia en la Red de Carreteras del Estado y la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA), del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, actúa a través del cuadragésimo cuarto Plan de Seguros Agrarios Combinados, que permite cubrir el riesgo de incendio para las producciones asegurables, tanto agrícolas como ganaderas, en la totalidad de líneas de seguros.
«Participamos todos. Si bien las competencias principales recaen las comunidades autónomas, el Gobierno está absolutamente involucrado y junto con las provincias y las entidades locales trabajamos codo a codo para hacer frente a esta emergencia», ha defendido el ministro, que ha defendido que desde hace más de cuatro años el Gobierno está realizando un proceso de mejora e impulso que ha permitido dar un «salto de calidad en todas las capacidades» que se ha mostrado en los «momentos críticos» para este país como la pandemia, la erupción del volcán de La Palma, las diferentes DANZAS y los incendios forestales.
