Ecologistas en Acción ha presentado este miércoles en Pontevedra su informe ‘Banderas Negras 2023’, con el que saca a la luz los que, a su juicio, son «los casos más significativos de contaminación y mala gestión ambiental de las costas del Estado español», destacando que uno de los mayores problemas que se identifica en el informe es la «turistificación y urbanización» del litoral.

Como cada año desde 2005, se otorgaron un total de 48 banderas negras, seis de ellas en Galicia, en las que destacan «la temeraria actitud de la Xunta» autorizando el vaciado de la mina de San Finx, en Lousame (A Coruña); su «permisividad» también con la cantera de Touro (A Coruña); el «estupor» causado por el dictamen del Tribunal Supremo sobre la prórroga de la concesión de la fábrica de Ence en la ría de Pontevedra; y la designación como playa canina al arenal de A Calzoa, por parte del Ayuntamiento de Vigo «sin prever el grave impacto ambiental que se generó».

Este colectivo ambientalista señala que pasear con perros por entornos naturales se ha convertido en una actividad muy popular en todo el mundo, pero «plantea una serie de problemáticas ambientales y desafíos que deben ser abordados de manera responsable por parte de las administraciones y de la sociedad».

Según ha manifestado Ana Pascual, portavoz de Ecologistas en Acción, «numerosos estudios científicos» evidencian el «elevado impacto que el paseo con perros causa sobre la fauna litoral», y ha añadido que «los efectos negativos de esta actividad se cuantifican muy por encima del resto de tipos de molestias analizadas».

Además, este año Ecologistas en Acción reitera banderas a «atentados ecológicos que parecían en vías de solucionarse», como el caso de la prórroga de la concesión a la fábrica de Ence en la ría de Pontevedra. «El Tribunal Supremo falló a favor de la pastera, a pesar de un dictamen judicial previo de la Audiencia Nacional ratificando el fin de la concesión», lamenta.

En la provincia de A Coruña hay otras dos banderas negras con las que los ecologistas denuncian «la dejadez de la Xunta con los graves problemas ambientales que acarrea la minería en Galicia».

Una de ellas es por mala gestión «por permitir que la explotación de la mina de San Finx ponga en peligro todo el ecosistema de la ría de Noia». La otra ha recaído en la mina de Touro y apunta, también, a la Xunta «por la permisividad con los continuos vertidos procedentes de los terrenos de la mina que contaminan los riachuelos del entorno».

La bandera otorgada a la playa de Areoura, en Lugo, «es un ejemplo de la falta de respeto ambiental de las administraciones». En este caso se denuncia «la mala gestión por todas las administraciones competentes» –ayuntamientos de Foz y Burela, Xunta y Ministerio de Transportes y de Transición Ecológica– que «causaron la degradación del entorno de un arenal de indudable interés social y natural».