La Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades de la Xunta ha presentado este martes a los sindicatos en Mesa Sectorial (CIG, CCOO, ANPE y UGT) el borrador de la orden que introducirá, a partir del próximo curso, los coordinadores de bienestar y convivencia en los centros gallegos. Una medida que ha recibido críticas prácticamente unánimes de las organizaciones porque, según denuncian, implica que haya personal con nuevas funciones «a coste cero».
Se trata de una figura obligatoria por la legislación estatal pero que, según el Gobierno autonómico, estaba «implantada desde hace años» en el sistema educativo de la Galicia, pero bajo la denominación de «dinamizador de convivencia».
Durante la reunión de la Mesa Sectorial, celebrada en las instalaciones de la Escola Galega da Administración Pública (EGAP), en Santiago, los representantes sindicales han protestado por la forma en la que se implementará, aunque están de acuerdo con la figura.
La CIG-Ensino ha solicitado una rectificación porque la Consellería «pretende hacer creer que una persona puede, sin reducción de su horario lectivo, hacer unas funciones inasumibles». Y es que el borrador solo recoge la posibilidad de tener dos horas complementarias fijas, eso sí, dentro de su horario laboral, pero la central nacionalista propone una reducción de tres horas lectivas.
Asimismo, censura que se haga «a coste cero y sin compensación» de carácter retributivo más allá del complemento específico de tutoría, que ya lo cobran los docentes «por tener horario completo».
La CIG-Ensino, que es mayoritaria entre los docentes de la pública, también critica que hay «una disfunción» en la regulación propuesta, porque atribuye a estos coordinadores competencias «que a día de hoy le corresponden» a los orientadores y los jefes de estudios.
«CLARAMENTE INSUFICIENTE»
CCOO, por su parte, tacha de «claramente insuficiente» el borrador presentado, por lo que acusa a la Xunta de «una preocupante falta de voluntad para garantizar la seguridad y el bienestar del alumnado y del personal educativo». Así, tal y como explica este sindicato en un comunicado, se ha pedido en la reunión la retirada del documento y que se elabore «un nuevo texto».
Para Comisiones, resulta «inadmisible» que se conciba que «cualquier docente pueda asumir el rol de coordinador de bienestar y convivencia» en los colegios e institutos porque este rol incluye competencias que «van más allá del ámbito interno», puesto que incluye establecer relaciones con otras instituciones, con las familias e, incluso, con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para comunicar cualquier problema.
«No podemos aceptar que se relegue esta responsabilidad a profesorado ya sobrecargado», añade CCOO, que propone que en Primaria y Secundaria desarrolle estas tareas algún miembro adscrito a Orientación, mientras que en Secundaria y FP se podría encargar alguien de la especialidad de Servicios a la Comunidad.
«FALTA DE RESPETO»
Por su parte, el presidente del sindicato ANPE en Galicia, Julio Díaz, tacha el borrador de «falta de respeto», porque la Consellería pretende que el profesorado desempeñe «una docena de funciones altamente comprometidas a costa cero».
Todo ello mientras Galicia «sigue siendo, junto con Madrid, la comunidad con más carga horaria» de clase, desde que en 2011 la Xunta subió las horas semanales de 21 a 25 en Infantil y Primaria, y de 18 a 21 en ESO y Bachillerato.
En declaraciones a Europa Press, el representante de ANPE denuncia que las tareas de coordinación de bienestar se compensen con dos horas complementarias y con el abono de «un complemento de tutoría que ya cobra la mayoría».
«Es una falta de respeto por parte de la Consellería ir con esa propuesta cuando saben que va a ser a coste cero. Trajeron un documento muy poco elaborado que lo único que hace es cargar al profesorado a cambio de nada», agrega Díaz.
En paralelo, también se ha quejado por el modo de introducir esta figura el Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia (Ceesg), que critica en un comunicado que la Xunta determine que «esta obligación legal recaerá exclusivamente en el profesorado».
Este colectivo insiste en que esta introducción aumenta «la sobrecarga de trabajo del profesorado» y no da a los alumnos una atención «especializada, y por lo tanto eficaz». Por eso, el Ceesg propone a la Consellería que trabaje en «alternativas serias» e incorporen educadores sociales, para lo cual presentarán «pronto» un total de 1.000 firmas de profesionales que apoyan esta petición.
HORARIO LECTIVO Y OTROS ASUNTOS
Otro de los asuntos abordados de refilón, ya que no estaba en el orden del día de la Mesa Sectorial, ha sido la petición de las organizaciones de negociar una reducción del horario lectivo 12 años después de que se aumentase.
De hecho, representantes de la CIG han salido a las 11,00 horas del encuentro para concentrarse y reclamar a la Administración la apertura inmediata de una negociación al respecto, sin esperar al próximo curso, para que la disminución de las horas de clase entre en vigor ya en septiembre.
El sindicato nacionalista también ha elevado sus quejas sobre el «hermetismo» que mantiene la Xunta en torno a los datos de cierres de unidades y escuelas para el curso que viene, así como por el «desvío de fondos» a los centros concertados a través del plan para extender los llamados ‘polos creativos’ anunciado hace dos semanas.
Además, ANPE ha aprovechado la reunión para pedir una ratificación de la respuesta que ofreció Educación a la CIG hace escasos días, acerca de que el personal de Orientación no tendrá que impartir la materia Formación y Orientación Personal y Profesional –optativo en 4º de ESO– porque estos profesionales no cuentan con posibilidad horaria para ello.