La secretaria xeral del Sindicato Labrego Galego (SLG), Isabel Vilalba, ha avanzado que presentarán alegaciones a la futura ley gallega de recursos naturales por sus «graves riesgos sociales», ya que considera que «favorece a empresas mineras y eléctricas».
En rueda de prensa, ha denunciado que el texto ahonda «en la desprotección» de la población rural al posibilitar la fragmentación eólica, eliminar el registro eólico –«única fuente de información que permite a día de hoy ir haciendo un seguimiento de la implementación masiva de proyectos», dice el SLG– y debilita las declaraciones de impacto. «Esta ley situaría a los macroproyectos industriales como principales sujetos de derechos sobre nuestro territorio y nuestro recursos», asegura.
Entre otras cuestiones, se alerta de que la futura ley favorece la instalación de macroestructuras empresariales sin límites de altura ni extensión, se privilegia el gasto de agua y ocupación de tierras por negocios privados en detrimento de usos de los vecinos de la zona, unido a una «posible invasión de competencias municipales» y una flexibilización para grandes industrias.
A este respecto, Vilalba reflexiona acerca de que Galicia cuenta con uno de los porcentajes de superficie agraria útil más bajas de Europa, por lo que mayor presión industrial implicará empeorar esta situación y mayores costes para las explotaciones.
Xosé Pérez Rei, del departamento de asuntos jurídicos del Sindicato Labrego, apunta a un «recorte democrático» la posición de fondo de esta norma, de modo que «todo queda a la arbitrariedad del poder ejecutivo, en este caso de la Xunta». Y es que una de las palabras más repetidas en el borrador es «discrecionalidad», añade.
Actualmente, este texto está en exposición pública en la página de transparencia de la Xunta y con plazo de alegaciones abierto hasta el 6 de junio.
