El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha remitido a la Audiencia Nacional «toda la información» que solicitaba en cuanto a la misión emprendida por el buque ‘Ártabro’ para inspeccionar el pecio del ‘Villa de Pitanxo’, naufragado a 450 kilómetros de Terranova (Canadá) en febrero de 2022.

Así lo trasladan fuentes del Gobierno central, que sin embargo alegan que «no le corresponde» al Mitma ni «la ejecución del contrato» ni «la coordinación» con el juzgado, sino que es la Comisión Permanente de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (CIAIM) la que lo debe hacer como órgano que goza de «independencia».

El ‘Ártabro’ partió el pasado 17 de mayo del puerto de Vigo pese a no contar con el permiso del juez Ismael Moreno, que investiga este naufragio en el que fallecieron 21 de los 24 marineros que iban a bordo, ni con el ‘visto bueno’ de las familias de las víctimas. Este lunes, el magistrado emitió una providencia para pedir explicaciones al Gobierno central sobre por qué zarpó el barco sin «expresa autorización».

Este martes, fuentes del Ejecutivo confirman que, además de trasladar a la CIAIM los requerimientos del juez, ya se ha remitido «toda la información solicitada» porque, «como no podía ser de otra forma», el Ministerio de Transportes tiene «total disposición a la colaboración máxima con la justicia».

En este contexto, el Gobierno recuerda que sí corresponde al Mitma «poner los medios, económicos y materiales, y realizar la tramitación administrativa» para contratar el operativo, cuestiones que fueron remitidas al juzgado correspondiente de la Audiencia Nacional.

No obstante, advierte que «tanto la elaboración de los pliegos como la gestión de la ejecución del contrato y la coordinación» con el juzgado «no le corresponde» al Ministerio, que «debe mantenerse al margen por la propia independencia» que tiene la Ciaim en sus actuaciones, tal y como recuerdan estas fuentes.

Además, insisten en que esta Comisión, aunque está adscrita orgánicamente al Mitma por «carecer de personalidad jurídica propia», tiene «plena autonomía funcional» en su investigación.

De hecho, Transportes ha trasladado al juez que «está prohibido legalmente», de acuerdo con el Derecho comunitario y los tratados internacionales, que las autoridades administrativas puedan darle «cualquier instrucción» a la CIAIM.