La CIG ha exigido una «investigación seria y rigurosa» sobre las causas del naufragio del Villa de Pitanxo, que se hundió en febrero de 2022 en aguas de Terranova y dejó 21 fallecidos, al tiempo que ha mostrado su «decepción» por la actitud del Gobierno central.

El sindicato ha lamentado que tanto el Gobierno, como la Xunta y la propia judicatura «van a remolque de los acontecimientos» desde que ocurrió la catástrofe, y ha calificado la polémica por la reciente salida del buque con el robot que se sumergirá en la zona del hundimiento como un «espectáculo bochornoso».

Así, después de que las familias hubieran denunciado que el buque Ártabro, que salió de Vigo el pasado miércoles rumbo a Terranova para localizar el pecio del Villa de Pitanxo (y tratar de esclarecer las circunstancias del hundimiento), partiese sin autorización ni coordinación con la Audiencia Nacional, que investiga el suceso, la CIG ha expresado su «máxima decepción» por el «esperpento montado» por el Ejecutivo. «Esperpento que ahora va más allá», ha señalado la central nacionalista.

Así, la CIG se pregunta si las administraciones «tienen algo que ocultar respecto de esta tragedia» y si, con su forma de proceder, quieren «proteger a alguien» o tienen «algún favor que tapar».

Según ha recordado, «desde el primer momento», las instituciones tuvieron «el silencio como respuesta», y la Xunta llegó a decir que había empresas dispuestas a hacer la expedición de investigación de forma gratuita. También han censurado que el Gobierno de España «se dedicó a retrasar la toma de decisiones un año y cuatro meses, cuando en otras ocasiones similares fue mucho más rápido».

En el ámbito judicial, la investigación, inciden, «pasó de la Audiencia Nacional a los juzgados de Marín, y de los juzgados de Marín, de nuevo a la Audiencia Nacional, como si fuera una patata caliente a la que nadie quería echarle la mano».

El Gobierno, con todo, se ha desvinculado de la partida del Ártabro, alegando que la inspección está dirigida por la Comisión Permanente de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (CIAIM), que es un órgano independiente. Asimismo, fuentes del Ejecutivo apuntaron que, a bordo del barco, van peritos judiciales, uno nombrado por la Audiencia Nacional, uno de la CIAIM, y un perito de la Agencia Europea de Salvamento y Seguridad Marítima como observador.