La concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Santiago, Mercedes Rosón, firmó un decreto con fecha del 17 de abril en el que se ordenaba el cierre (en un plazo de cinco días) del local de Desproi Promociones ubicado en República Checa, 52, en el polígono de Costa Vella, junto con la «suspensión de actividad del centro de negocios, alquiler de oficias y almacén». El nombre comercial se corresponde con Cadoiro Centro de Negocios.

Este decreto, sobre el que Compostela Aberta ha pedido este miércoles explicaciones al gobierno local, se basa en que el desarrollo de la actividad se ha hecho sin título habilitante y, por lo tanto, en una irregularidad urbanística, siendo –indica en el decreto– «el uso de las oficinas que se desarrollan en el sótano dos no legalizable».

Desproi es la empresa, que adedudó más de 170.000 euros por tributos no pagados (intereses ya incluidos), con la que el Ayuntamiento de Santiago contrató sus instalaciones para trasaldar las oficinas de Medio Rural y Parques y Jardines tras el desalojo de las anteriores, en la antigua estación de autobuses.

Este contrato acabó motivando la dimisión del que era concejal de Medio Rural, José Manuel Pichel, tras descubrirse que era socio (a través de otra empresa, Gaia) de Desproi, acciones que vendió cuando ya se había aprobado en junta de gobierno local la contratación con la entidad.

En el decreto firmado por Mercedes Rosón se advierte de las posibles multas que pueden recaer en el caso de no cumplir con las obligaciones que se imponen. Además, se incoa un procedimiento de reposición de la legalidad urbanística alterada a Desproi Promociones por «desarrollar una actividad de centro de negocios, alquiler de oficinas y almacén sin título municipal habilitante».

En ese mismo documento municipal, se concedieron a Desproi 15 días de plazo para presentar alegaciones y cuantos documentos y pruebas considere oportunos «en su defensa en relación con la incoación del procedimiento».

LA EMPRESA PRESENTÓ ALEGACIONES

Al respecto, en respuesta a Europa Press, el portavoz del gobierno local, Sindo Guinarte, ha ceñido este expediente a «una cuestión administrativa» de índole «urbanística» y que «trae causa» de que el PP «dejó en un cajón» la solicitud de apertura presentada en el año 2011, al no «concederla ni denegarla».

Guinarte recuerda que, con la aprobación de la ley de impulso empresarial en 2013, bastaba una declaración de la empresa sin necesidad de esta licencia, pero Desproi no desistió del procedimiento anterior y tampoco presentó esta declaración. En este sentido, lamenta que «durante ocho años» de gobierno del PP y Compostela Aberta no se diese curso a la licencia, «ni se hiciese una inspección ni comprobación» de la actividad de la entidad.

Así las cosas, y «ante los acontecimientos» –en referencia a la situación de Desproi–, ha defendido que este gobierno local ha decidido «hacer una inspección de los locales» y «actuar con total transparencia», consecuencia de lo cual se abrió este expediente.

Al respecto, ha indicado que la entidad no llegó a cerrar su actividad y que presentó alegaciones en el plazo de 15 días, que ahora están estudiando los técnicos de Urbanismo. Junto a las alegaciones, ha afirmado el concejal a Europa Press, se ha presentado una declaración previa de actividad. Todavía no se ha resuelto el expediente.

PETICIÓN DE EXPLICACIONES

Tras conocer el decreto, Compostela Aberta ha exigido «explicaciones» al gobierno local sobre esta actuación, que tiene su origen en un informe emitido de oficio por un técnico de la administración general, con fecha del 16 de marzo, concreta el grupo municipal que lidera María Rozas.

Así, la portavoz municipal de CA ha pedido al gobierno local que explique cómo procedió la empresa para regularizar su situación. «Este es un nuevo capítulo que siembra todas las dudas sobre el caso Desproi y vuelve a demostrar lo que Compostela Aberta viene denunciando: que las responsabilidades no terminan en el dimitido concejal Pichel».

Además, María Rozas considera que estas últimas informaciones «vuelven a generar dudas sobre la conveniencia de que el propio gobierno derive el expediente a la Fiscalía», una opción que el gobierno descartó y que vinculó a un informe jurídico que Compostela Aberta ha solicigatdo y «siguen sin facilitar».

Compostela Aberta recuerda que en enero denunció el alquiler, en septiembre de 2021, de la nave de Desproi, empresa vinculada entonces con el concejal José Manuel Pichel, para acoger los servicios de Medio Rural y Parques y Jardines. Ese contrato contenía «numerosas irregularidades», que fueron advertidas por la propia intervención, señala el grupo municipal.

La formación de Rozas recuerda que hay cuestiones que quedan sin aclarar, como por qué se hizo una visita cinco días antes de redactar el informe de las necesidades que tenían los departamentos municipales, por qué se tardaron 15 días en firmar el contrato desde que se aprobó en la junta de gobierno local (tiempo en que el edil se deshizo de las acciones de Desproi) o por qué el contrato se hizo por un año, pese a que el acuerdo de la junta de gobierno local decía por cuatro meses.