El gobierno municipal de Lugo ha recibido la notificación de que hay vía libre para continuar con el plan para derribar las torres de O Garañón, toda vez que el juzgado ha desestimado paralizar de forma cautelar la demolición a la espera de una resolución sobre la responsabilidad patrimonial.

En esta misma jornada, la alcaldesa, Lara Méndez, había confirmado que había una orden de paralizar el derribo a raíz del recurso del promotor. Apuntaba en todo caso que esperaba que la solución sobre las medidas cautelares fuese «cuestión de días».

«Esperemos que se resuelva como la vez anterior –en referencia al de Banco Santander– y podamos seguir con el gran objetivo que es demoler O Garañón», había recalcado, en relación a una resolución judicial que se ha producido finalmente en una misma jornada, según las fuentes consultadas por Europa Press.

La alcaldesa, el concejal de Urbanismo, Álvaro Santos, y un representante de la empresa que derribará O Garañón entraron el pasado viernes, 21 de abril, en la finca para firmar el acta de replanteo de la demolición e inicio de obra, que podría comenzar en las próximas semanas.

Fuentes del gobierno municipal han asegurado a Europa Press que tuvieron la notificación de este último recurso «el mismo viernes».

«NINGÚN ÉXITO»

Por su parte, el PP local acusaba al gobierno de Méndez de «montar un teatrillo» y afirmaba que el derribo de O Garañón «no es ningún éxito» porque «la licencia dada por (José Ramón Gómez) Besteiro y sus compañeros de corporación del PSOE está costando, además de muchos disgustos, mucho dinero» a los vecinos de la ciudad de la muralla.

En concreto, los populares esgrimen que, además «de los 600.000 euros» que costará el derribo de las torres, se estima que una vez que se tiren los edificios habrá que pagar «más de 200 euros por cabeza en concepto de indemnización al promotor, que pide más de 20 millones por la licencia ilegal que le dio el PSOE».

«Es una desgracia para Lugo que el señor Besteiro diese la licencia de las torres de O Garañón el último día del año, en fin de semana, cuando al día siguiente entraba en vigor la ley del suelo que reduciría la edificabilidad y rentabilidad a la operación urbanística», han censurado.