La familia de Déborah Fernández-Cervera, la joven viguesa que apareció muerta en una cuneta de O Rosal (Pontevedra) en mayo de 2002, ha presentado, por medio de su equipo legal, una serie de alegaciones por determinadas actuaciones llevadas a cabo en la instrucción de la causa, con las que han trasladado su «malestar e incredulidad».

Así, con respecto a los oficios policiales en los que el Grupo de Homicidios responde al juzgado que no puede aportar nueva información sobre el acta de recogida del disco duro de la chica o sobre el análisis de su correo electrónico, la familia concluye que solo se puede hacer dos lecturas: o bien la Policía está «tomando el pelo a todos los actuantes», o bien «faltó a la verdad» cuando dijo que había analizado el mail desde el teléfono móvil (algo difícil teniendo en cuenta las características los terminales en 2002).

Por otra parte, han solicitado que se unan como pieza de convicción los vestigios enviados por la Policía tras el hallazgo de un legajo sobre la causa el pasado mes de septiembre, donde se encontraron cintas de vídeo.

La familia también ha tildado de «inadmisible» por parte de la Policía que no se permita estar presentes a los peritos de las partes en la diligencia de análisis del móvil para intentar acceder a su contenido, por lo que han reclamado al juzgado que requiera a este Cuerpo para permitir esa presencia de peritos.

Finalmente, han mostrado su malestar por el escrito presentado por la defensa del único investigado en esta causa, Pablo P.S.L., exnovio de Déborah (que declaró por primera vez como imputado casi 20 años después de la aparición del cádaver de la chica), en el que se opone a la declaración del doctor Aitor Curiel.

Este experto elaboró un informe en el que determinó que la causa de la muerte de Déborah Fernández es «homicida» y su familia ha apuntado que, si el investigado nada tiene que ver con los hechos, como así proclama, «¿qué interés tiene en que no se escuche al doctor Curiel?».