La sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha emitido un auto en el que otorga un plazo de 5 días para ingresar voluntariamente en prisión a Francisco Javier G.O., exfuncionario del Ayuntamiento de Vigo condenado a más de 5 años de cárcel por ‘enchufar’ a la cuñada de la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, en una concesionaria municipal.

El auto es del pasado 11 de abril, aunque ha sido firmado electrónicamente por los magistrados entre este martes y este miércoles. El plazo para que el penado ingrese en prisión empezaría a contar al día siguiente de que le sea notificado este auto.

En su resolución, la Audiencia Provincial señala que, transcurrido más de un año desde que el exfuncionario pidió el indulto, debe darse por desestimada esa solicitud.

Por ello, la Sala ha acordado proceder al cumplimiento de la condena impuesta y le da 5 días para que ingrese en un centro penitenciario «apercibiéndole de que, en caso de no verificarse, sin más citarle ni oírle, se darán las órdenes oportunas para su busca, captura e ingreso en prisión».

CONDENA Y PETICIÓN DE INDULTO

El exfuncionario fue condenado a 5 años y 3 meses de prisión, además de 9 años de inhabilitación por los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad documental, mientras que el gerente de la empresa que contrató a la familiar de Carmela Silva fue condenado a 1 año y medio de cárcel, y a 2 años de inhabilitación.

Ambos solicitaron el indulto parcial y, en el caso del exfuncionario, dicha solicitud estuvo rodeada de polémica porque, entre los argumentos que utilizó para pedir la medida de gracia, además de su edad, su falta de antecedentes o el abono de la responsabilidad civil, también apuntó su militancia en el PSOE y su pertenencia a UGT.

La polémica se incrementó al hacerse público que varias decenas de entidades vecinales, sociales y culturales de Vigo, que reciben subvenciones por parte del Ayuntamiento, remitieron cartas de adhesión a esa petición de indulto, todas con la misma redacción. El PP insinuó en ese momento que las asociaciones estuvieron presionadas por el entorno del gobierno municipal para remitir esos escritos y apoyar el indulto del exfuncionario.

Con todo, y ante esa solicitud de indulto, la Audiencia acordó hace un año la suspensión del ingreso en prisión de Francisco Javier G.O. mientras el Consejo de Ministros no se pronunciase sobre la medida reclamada.

En el caso del otro acusado, Ramón C.A., al ser la pena inferior a dos años, se le suspendió el ingreso en prisión por dos años con la condición de que no delinca en ese período de tiempo. De hecho, esa persona ha vuelto a trabajr en una empresa que se encarga del mantenimiento del alumbrado público en Vigo.