El expresidente de Pescanova Manuel Fernández de Sousa-Faro ha entrado este martes en la prisión madrileña de Soto del Real, donde permanecerá durante seis años tras haber sido condenado por un delito continuado de falsedad en las cuentas anuales de la compañía y por un delito también continuado de falsedad de información económica y financiera.

Después de que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo rechazase aclarar la sentencia contra el empresario dictada por esa misma sala el pasado 10 de febrero, los magistrados le concedieron diez días para que entrase de forma voluntaria en prisión.

De esta manera, De Sousa ha agotado el plazo y entró en la mañana de este martes en la cárcel de Soto del Real, según han confirmado fuentes consultadas por Europa Press.

Manuel Fernández de Sousa-Faro fue condenado a seis años de prisión por un delito continuado de falsedad en las cuentas anuales de la compañía y por un delito también continuado de falsedad de información económica y financiera.

Inicialmente, la Audiencia Nacional lo había condenado a ocho años de cárcel. Sin embargo, el Supremo rebajó su pena en dos años al absolverle de los delitos de estafa, falsedad documental y aplicar una atenuante por dilaciones indebidas, confirmando el resto de la condena por manipular las cuentas para captar inversores.

HECHOS

El fallo de la Audiencia Nacional relataba prácticas irregulares llevadas a cabo por la antigua cúpula de Pescanova, a cuyo frente se encontraba el empresario con la colaboración de los responsables de los departamentos más relevantes.

La sentencia indicaba que a raíz de la crisis financiera que estalló en 2008, el presidente de la firma gallega, con el objeto de poder seguir disfrutando de la financiación bancaria de la que dependía Pescanova por el esfuerzo inversor ejercido en los años anteriores, planeó, junto con un grupo de personas de su confianza, seguir obteniendo financiación a través de una serie de mecanismos o prácticas irregulares.

Una vez conseguida, apuntaba, se llevaron a cabo otra serie de manipulaciones en las cuentas anuales u otros documentos oficiales que reflejaban la situación financiera de la empresa «para conseguir unos resultados positivos que no se correspondían con la situación real y, que, tras ser oficialmente publicados, permitían captar nuevos inversores y desplazar a la financiación bancaria y sus excesivas comisiones».