El Gobierno gallego ha autorizado este miércoles, en su reunión de esta semana, la remisión al Consello Consultivo de Galicia (CCG) del futuro decreto de dependencia que tiene el objetivo de reducir a la mitad los plazos de tramitación. Una vez sume el dictamen de este órgano, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha afirmado que prevé que sea aprobado «en pocas semanas».

Aunque no se puede dar una estimación cerrada, ya que varía según la situación en la que se encuentre el posible beneficiario de la prestación de dependencia –los de emergencia social, por ejemplo, se agilizan con una tramitación que dura pocos días–, la media del proceso se puede extender hasta unos seis meses y el objetivo es reducirlo a la mitad con la nueva normativa.

Precisamente, para «simplificar toda esa maraña de impresos y papeleo que hay a veces», Rueda ha recordado que una de las principales novedades de esta nueva norma reside en reducir la cantidad de documentos que deben presentar los interesados en obtener el reconocimiento de dependencia, que pasarán de una docena a dos: el informe médico y el informe social.

En segundo lugar, unificará en un solo procedimiento los dos que se requieren ahora para obtener un recurso de dependencia, el de solicitud de reconocimiento de grado y el programa individual de atención (PIA). Según ha explicado el presidente, en la actualidad, hasta que no se finalizaba la valoración del usuario y se le reconocía un grado de dependencia, no se realizaba el PIA.

«Ahora se va a tramitar todo al mismo tiempo», ha indicado Rueda, quien ha explicado que, con este decreto, tampoco será necesario volver a iniciar todo el proceso en caso de que varíe la situación del usuario.

En tercer lugar, se redefinirá el concepto PIA –la ‘receta’ del servicio o prestación que precisa cada persona en función de su situación– para hacerlo más completo y duradero.

PRESTACIÓN ECONÓMICA DESDE EL INICIO

De este modo, el programa comportará una prestación económica pública e incluirá alternativas al servicio preferido en caso de que la primera opción del solicitante no cuente con plazas disponibles en ese momento.

Además, los usuarios con el PIA aprobado y que no tengan acceso en ese momento al servicio solicitado podrán recibir ya desde el inicio la prestación económica.

El nuevo decreto también incluye otras mejoras para agilizar y facilitar el trabajo de profesionales públicos que valoran la dependencia, como crear nuevos centros de valoración o facilidades para justificar los pagos de los bonos de residencia, centro de día, ayuda en el hogar o asistente personal, y la reducción en el papeleo para percibir la ayuda por cuidador en el entorno familiar.