La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Oviedo ha rebajado en dos años y medio la pena de cárcel impuesta a F.V.A., conocido como ‘El violador del estilete’, que fue condenado en 2019 a 13 años de cárcel por agredir sexualmente a una mujer con discapacidad en una pensión de Oviedo en 2017.

El auto judicial, con fecha de 13 de marzo de 2023, acuerda la revisión de la sentencia de F.V.A. en virtud de la ley de libertad sexual, conocida como ‘ley del solo sí es sí’, por lo que a partir de ahora se enfrenta a diez años y medio de cárcel en lugar de a los trece originales, han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

El juez mantiene la accesoria de inhabilitación absoluta pero también rebaja a once años y seis meses las prohibiciones de aproximación y comunicación, que originalmente estaban fijadas en catorce años, e impone adicionalmente la inhabilitación especial, durante quince años y seis meses, para cualquier profesión oficio actividad que conlleve contacto regular y directo con personas menores de edad.

El acusado fue condenado en 2019 a trece años de carcel por una agresión sexual con penetración a una mujer con una discapacidad psíquica del 65% al tiempo que fue condenado a una multa de 180 euros como autor de un delito leve de hurto. A pesar de que recurrió la sentencia pero el Tribunal Supremo (TS) desestimó la petición en 2021.

Según el relato de la Fiscalía, los hechos sucedieron en diciembre de 2017 cuando los dos condenados, F.V.A. y una mujer que atiende a las siglas M.A.P.F, convivían con la víctima en un piso en régimen de alquiler de habitaciones en Oviedo, lo que les llevó a iniciar una amistad y ser conocedores de que tenía una discapacidad psíquica del 65%.

Por la relación entablada con ella, los procesados conocían que el abuelo de la chica vivía en una residencia geriátrica de Laviana y que ella tenía en su poder la cartilla bancaria del anciano y firma autorizada, con lo que podía disponer libremente de su dinero.

La acusada aprovechó esta situación para exigir a la víctima que sacara dinero de la cuenta y cuando se negó, la amenazó de muerte y la intentó agredir violentamente, con lo que finalmente, por temor y acompañada de la acusada, la afectada sacó un total de 1.700 euros de la cuenta de su abuelo.

Sobre las 12.30 horas del 22 de diciembre de 2017 la víctima estaba durmiendo en su habitación del piso compartido cuando el procesado entró y comenzó a tocarle los pechos por debajo de la camiseta del pijama.

Al ver que se había despertado el condenado le dijo que iban a tener relaciones sexuales quisiera o no y comenzó a bajarle los pantalones del pijama y la ropa interior pese a la negativa de la víctima.

Aunque la mujer le decía que saliera de la habitación, el procesado le sujetó fuertemente, le dijo que si no estaba quieta la iba a matar, la agredió sexualmente y abandonó la habitación diciéndole: «Si dices algo, te mato».

LA MUJER NO DENUNCIÓ POR TEMOR

La mujer no denunció los hechos ante el temor de que el procesado ejecutara las amenazas de muerte y esa misma tarde el acusado la obligó con amenazas a que lo acompañara hasta la localidad de Moreda, donde le dijo que iba a residir acompañada de los dos procesados y otras personas en un piso.

Sobre las 20.20 horas del 23 de diciembre de 2017 la condenada entró en la habitación de la víctima junto a otra persona y sin motivo le agredieron dándole puñetazos y le dijeron que la iban a matar.

En un determinado momento, la víctima consiguió zafarse, abandonar el piso corriendo y desde un comercio cercano, avisar a la Guardia Civil, que la trasladó al Hospital Álvarez Buylla de Mieres tras lo que denunció ante la policía la situación de abuso e intimidación.

Durante su ausencia el ‘violador del estilete’ fue al cajón de la mesilla de noche de la habitación que le había asignado a la víctima en el piso de Moreda, de donde le cogió el DNI, la cartilla bancaria de su abuelo, la tarjeta sanitaria, el teléfono móvil y las llaves de la casa del anciano, de donde se llevó dos relojes y diversas joyas.

Tras ser detenidos, la policía requisó a la acusada las tarjetas bancaria y sanitaria de la víctima, y al acusado el teléfono y los objetos robados de casa del abuelo.