La presidenta de Portos de Galicia, Susana Lenguas, ha dicho que será el Gobierno central el que «con mismos criterios» tendrá que decidir sobre el traspaso o no hacia los respectivos ayuntamientos de la titularidad de un total de 27 terrenos portuarios que ya no tienen actividad relacionada con la pesca ni similares.

Así ha respondido Lenguas este martes durante la Comisión de Pesca e Marisqueo del Parlamento de Galicia, en la que el diputado del PSdeG Julio Torrado ha criticado que «en dos años y medio», desde que en octubre de 2020 se aprobó en la Cámara una iniciativa en este sentido, la Xunta no hizo «nada» para materializar estos traspasos.

Según ha explicado el socialista, se trata de terrenos que son titularidad de Portos de Galicia y que actualmente son «de uso urbano» y para diferentes «actividades sociales». Sin embargo, sirven como «herramienta partidista» para la Xunta, que cobra un canon por emplear esta superficie pero luego la tiene «abandonada» para que los candidatos del PP en las municipales puedan «criticar a los ayuntamientos» por su estado, ha denunciado Torrado.

Frente a estas críticas, que ha negado, la presidenta de Portos ha defendido varias reuniones mantenidas a lo largo de 2021 y 2022 con la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) para impulsar las reversiones. Así, ha detallado que, actualmente, hay un total de 27 solicitudes presentadas por los ayuntamientos que ya tienen propuesta por haber sido declarados «innecesarios» por parte de la Administración autonómica.

En concreto, son los de A Guarda, O Campo (A Illa de Arousa), Bueu, Cangas, Santo Tomé (Cambados), Tragove (Cambados), Cariño, Cedeira, Fisterra, Foz, Laxe, Bares (Mañón), Moaña, O Grove, Santa Cruz (Oleiros), Combarro (Poio), Ponteceso, Corme (Ponteceso), Pontecesures, Porto do Son, Boa (Porto do Son), Rianxo, Ribeira, Goián (Tomiño), Vilaxoán (Vilagarcía de Arousa), Vilaboa y Viveiro. Junto a estas, hay otras ocho solicitudes que la Xunta considera «no procedentes».

Entre todas las 27 propuestas, Portos de Galicia prevé declarar innecesarios 450.000 metros cuadrados de terrenos por un valor patrimonial de mas de 12 millones de euros.

Sin embargo, Lenguas ha advertido que la reversión implica su devolución, primero, al Estado como responsable de las superficies situadas en dominio público marítimo-terrestre. Por ello, ha señalado que será el Consejo de Ministros el que fije su postura y resuelva «todos los expedientes a la vez y con los mismos criterios» para traspasarlos a los ayuntamientos.

NUEVA LEY DEL LITORAL

Asimismo, Susana Lenguas ha avanzado en el Parlamento que la nueva ley gallega de ordenación del litoral que prepara la Xunta dividirá los terrenos costeros en tres clases.

De ellas, habrá una «de ordenación» –zonas donde ya no hay actividad económica y no se pueden renaturalizar– en la que tanto la administración autonómica como la local podrán impulsar planes de desafectación e, incluso, los ayuntamientos podrán solicitar su cesión gratuita.

Durante el debate, el diputado del PSdeG ha reprochado a la presidenta de Portos de Galicia, quien ha realizado su intervención en castellano, el empleo del topónimo deturpado ‘El Grove’ para referirse al municipio pontevedrés de O Grove, cuyo nombre oficial debe ser en gallego.

AYUDAS POR EL PARO DE LA PESCA DE CERCO

Por otra parte, el director xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación de la Xunta, Antonio Basanta, ha insistido en que debe ser el Gobierno central el que articule las ayudas que amortigüen el paro biológico del sector del cerco afectado por la limitación en la cuota del jurel que decretó la Comisión Europea.

Lo ha hecho en la misma Comisión a modo de respuesta a la diputada del PSdeG Patricia Otero, quien ha recordado una iniciativa aprobada por unanimidad para que los gobiernos central y autonómico articulasen esas ayudas pero solo respondieron «administraciones que no tienen competencias» sobre la pesca, señaladamente la estatal y la Diputación de A Coruña, que dirige el líder de los socialistas gallegos, Valentín González Formoso.

El paro biológico fue decretado a mediados de febrero por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación después de que las negociaciones de los Totales Admisibles de Capturas (TAC) y las cuotas para el año 2023 arrojaran, entre otros resultados, que el jurel del Cantábrico solo se podría pescar de manera accesoria.

En este contexto, el director xeral de Pesca de la Xunta ha vuelto a afear este martes el recorte de las cuotas de captura decidido por Europa y ha recordado que es el Ejecutivo estatal «el que tiene competencias» sobre el caladero afectado y la «partida presupuestaria clara» al amparo de los fondos europeos de pesca (FEMP y FEMPA), igual que hace con la flota del Mediterráneo.

Pero la respuesta no ha convencido a la diputada socialista, quien ha lamentado que la Consellería do Mar «no dio cumplimiento» al acuerdo alcanzado en el Parlamento para que lanzase medidas económicas propias. Así, Patricia Otero ha apelado a trabajar para que «en 2024 se mejore el reparto de cuotas».