La Cofradía de Pescadores de Noia ha denunciado que la Xunta «trata de apartarla» de los recursos para tratar de paralizar el vertido autorizado a la mina de San Finx y ha avanzado que recurrirá la decisión de forma «inmediata» ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) y «no descarta iniciar nuevas acciones por la vía penal» frente a los altos cargos responsables «de confirmarse los indicios de un posible delito de prevaricación».

Mientras que la Xunta, en una respuesta remitida a petición de Europa Press, niega que le cause indefensión la actuación adoptada por la Secretaría Xeral Técnica de rechazar la legitimidad de la cofradía para pedir la suspensión cautelar de la autorización; los responsables de la entidad pesquera advierten de que la decisión de titular de ese departamento, Joaquín Macho Canales, «es manifiestamente ilegal y responde a una tentativa desesperada de apartar al pósito noiés del proceso judicial».

En este sentido, la entidad señala que la propia Augas de Galicia había reconocido a la cofradía como parte interesada en el procedimiento, «notificándole todos los trámites durante los siete años en los que se prolongó el expediente».

La Cofradía de Pescadores de Noia denuncia que la Xunta no considere ahora a esta institución como representativa de los intereses económicos de casi 2.000 mariscadores que trabajan en los bancos de la ría de Muros e Noia o los 17,5 millones de euros de facturación de 2021 y que ello no justifique el interés en el caso.

Además, para esta entidad, la decisión de Macho es «particularmente grave» porque ocupó cargos de subdirector xeral y vicesecretario xeral de la Consellería do Mar, «conociendo personalmente la situación del sector y las responsabilidades de los pósitos».

AUTORIZACIÓN DE FEBRERO

Por su parte, en una respuesta a petición de Europa Press, la Consellería que dirige Ethel Váquez ha recordado que, el pasado 1 de febrero, Augas de Galicia concedió autorización de vertido de las aguas residuales de la mina de San Finx «condicionada al cumplimiento de 18 requisitos y a la atención estricta de las normas hidrológicas y de calidad ambiental».

La Xunta insiste en que «lo que se autorizó fue un sistema de depuración que garantice que lo que se vierta al medio cumple los parámetros exigidos». Además, afirma que, para mayores garantías, «se hará un estricto seguimiento y control».

Así, la cofradía de Noia presentó un recurso de alzada en el que solicitaba, como medida cautelar, la suspensión de la autorización del vertido. Con carácter previo a la resolución, la Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, resolvió sobre la solicitud de la adopción de la medida cautelar, lo que requiere previamente examinar la existencia del requisito de legitimación necesario para interponer el recurso y hacer esa solicitud, que es lo que rechazó y la cofradía denuncia como «expulsión» del proceso.

Las mismas fuentes de la Xunta afirman que la resolución de la Secretaría Xeral Técnica analizó la justificación de la legitimación «siguiendo escrupulosamente la jurisprudencia existente» y que, en este caso, «no se dan los presupuestos establecidos para acreditar la legitimación, motivo por el que la medida cautelar fue inadmitida».

«INEXISTENCIA DE MOTIVOS»

Según explica la Xunta, la resolución no solo inadmite «por falta de legitimación», sino que resuelve sobre la «inexistencia de motivos» que justifiquen la adopción de la medida cautelar y, por lo tanto, «en ningún caso causa indefensión a la cofradía, en la medida en que es recurrible» a la vía contencioso-administrativa, que es lo que han anunciado.

De hecho, esta misma situación fue la que se dio con los recursos interpuestos por esta misma cofradía en el caso de la mina de Touro, al respecto de lo que la Secretaría Xeral Técnica resolvió en el mismo sentido.