La organización Ecologistas en Acción tramitó 306 asuntos en tribunales durante 2022 en defensa del medioambiente, de los que 205 pertenecen a la jurisdicción contenciosa administrativa y 100 a la penal, por delitos contra el medio ambiente o la ordenación del territorio, y uno a la civil. Del total, 4 fueron presentadas en Galicia.
Ecologistas en Acción cuenta con un área jurídica formada por abogados en todo el territorio nacional dedicada a asuntos relacionados con la prevaricación de autoridades o funcionarios derivada de licencias o autorizaciones medioambientales o urbanísticas irregulares. Las tres comunidades con más asuntos tramitados son Andalucía, Castilla y León y Madrid.
«Trasladar la lucha ecologista a los procedimientos judiciales es una herramienta más para la defensa ambiental de un planeta vivible y biodiverso y para la construcción de una sociedad más justa y sostenible», ha afirmado el abogado de la organización, Jaime Doreste.
Entre los procedimientos presentados se encuentran licencias o planes urbanísticos, vías pecuarias o caminos públicos, instalaciones de residuos, autorizaciones de canteras, macrogranjas, minería, o grandes plantas renovables, infraestructuras de transporte, gestión de espacios protegidos, delitos contra la fauna y furtivismo, vertidos industriales y de depuradoras y prevaricación urbanística, entre otros muchos temas.
Desde Ecologistas en Acción, destacan el proceso penal, iniciado por ellos como acusación popular, contra el procedimiento de adjudicación de los derechos mineros para la reapertura de la mina de Los Frailes en Aznalcóllar y Sanlúcar La Mayor. Así, la adjudicación al consocio Minorbis-Grupo México(2015) será juzgado por la Audiencia Provincial de Sevilla contra 14 funcionarios y autoridades de la Junta de Andalucía y 2 directivos de la empresa, por delitos de prevaricación, tráfico de influencias, negociación ilegal, malversación de fondos públicos, fraude a la administración y prevaricación ambiental.
Además, la organización denuncia que, a pesar de continuar el proceso judicial, la Junta de Andalucía está tramitando la Autorización Ambiental Unificada (AAU) solicitada por la compañía minera Los Frailes y que, según aseguran los activistas, tienen la intención de verter durante los 17 años de la explotación minera al estuario del Guadalquivir mediante una tubería de 30 km desde el recinto minero.
Respecto a años anteriores, los asuntos tramitados en 2022 superan a los 286 de 2021 y los 244 en 2020. Además, desde el punto de vista territorial, los 306 asuntos se distribuyen por Andalucía (95), Castilla y León (60), Madrid (19), Murcia (22), Catalunya (26), Cantabria (11), Castilla-La Mancha (16), Extremadura (17), Aragón (12), Comunidad Valenciana (10), Canarias (7), País Vasco (6), Galicia (4), Navarra (1), Melilla (1) y 17 de ámbito estatal.
