La Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (Adega), Bierzo Aire Limpio, la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica y la Sociedade Galega de Ornitoloxía han enviado una carta al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfica para solicitar una reunión con la ministra Teresa Ribera durante su próxima visita a Ponferrada ante «la magnitud de los proyectos eólicos» en la Cordillera Cantábrica.
Entre sus peticiones, demandan elaborar una planificación estratégica y establecer zonas de exclusión que impliquen la prohibición legal de implantar proyectos de energías renovables en espacios de alto valor natural; proteger la participación ciudadana como principal garantía de la defensa de los territorios y los intereses de las personas que residen en ellos; implementar la existencia de un estudio que valore la cantidad en toneladas equivalentes de petróleo de combustibles fósiles necesaria para la puesta en marcha de cada uno de los proyectos expuestos y, por lo tanto, el tiempo estimado de funcionamiento, necesario para «amortizar» el consumo fósil empleado.
Para los ecologistas, se debe justificar el carácter de interés público de todos y cada uno de los parques propuestos con unos criterios que tengan en consideración los usos actuales, «sin dar por supuesto que la generación de energía eléctrica lo sea en todos los casos».
En esta línea, también han solicitado al Ministerio que facilite las listas de los proyectos con derecho consolidado de acceso a la Red Eléctrica Española.
Asimismo, las organizaciones ecologistas han demandado incrementar las medidas enfocadas al seguimiento y control de todos los proyectos de energías renovables para evitar la «actual laxitud» que consideran «invita a la especulación por parte de las promotoras» y que «llevará una previsible judicialización de los procedimientos».
Además, han pedido al Gobierno que exija a las promotoras avales suficientes que incluyan la necesaria provisión de fondos para retirar y reciclar las instalaciones industriales cuando finalice su vida útil, así como «una fianza acorde a los riesgos que asumirá el medio ambiente».
