El alumnado con necesidad específica de apoyo educativo derivada de discapacidad (de al menos el 33%) o trastorno grave de conducta; con trastorno grave de la comunicación y del lenguaje asociado a necesidades educativas especiales; y aquellos con necesidad específica de apoyo educativo asociado a trastorno del espectro del autismo podrán solicitar la ayuda universal de 400 euros incluida en la partida de becas de 2023, que asciende a 2.520 millones de euros.

Así lo refleja el real decreto por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso 2023-2024, publicado en el Boletín Oficial del Estado tras aprobarse en el Consejo de Ministros, que establece que el subsidio universal para alumnos con necesidades específicas de apoyo educativa es compatible con la beca que cada estudiante pueda percibir en función de su situación económica familiar y las circunstancias personales de necesidad educativa especial.

Esta ayuda universal para gastos adicionales de carácter general asociados a la escolarización de estos alumnos beneficiará este año a más de 240.000 estudiantes y para ello el Gobierno destinará 200 millones de euros, destinado a, según indica el documento y ha recogido Europa Press, «ayudar a familias cuyos hijos precisan residir fuera del domicilio familiar para estudiar o tienen alguna necesidad educativa específica, para apoyarles en los esfuerzos económicos adicionales que asumen, especialmente en el actual contexto, con una grave crisis energética y su impacto en el coste de la vida».

El Ejecutivo justifica la aprobación de esta ayuda extra por el hecho de que las familias con hijos que tienen estas necesidades «asumen unos costes adicionales muy significativos para atender los requerimientos vitales de sus hijos, lo que, unido a las circunstancias económicas actuales, hace preciso un soporte extraordinario, que se sumará a las cuantías que ya figuran en la convocatoria, resultando un incremento adicional de las ayudas con este subsidio».

Esta ayuda está destinada al alumnado que curse estudios en los niveles de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, ciclos formativos de Grado Medio y de Grado Superior, ciclos formativos de Grado Básico, así como programas formativos de Formación Profesional.

CERMI PIDE QUE LA AYUDA LLEGUE TAMBIÉN A ALUMNOS QUE NO LLEGAN AL 33%

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha celebrado que en la partida de becas aprobada por el Consejo de Ministros se haya incluido una ayuda complementaria de 400 euros para los estudiantes con una discapacidad acreditada superior al 33%, aunque pide al Ejecutivo extenderla a aquellos alumnos que no alcancen este grado.

El presidente de la entidad, Luis Cayo Pérez Bueno, ha explicado a Europa Press que en el sector de la educación siempre se ha puesto una mayor atención en lo que se refiere a las carencias que podían sufrir las familias o la infancia, mientras que la discapacidad no era tenida en cuenta.

Y, en este sentido, que el movimiento asociativo de la discapacidad comenzó hace años a reclamar al Gobierno la necesidad de un mayor apoyo o «más intenso» para los alumnos del colectivo para que «su proceso de inclusión educativo sea exitoso». «Necesitan apoyo humano, tecnológico y material y esto supone un sobrecoste», ha apuntado Pérez Bueno, para recordar que estos apoyos «no siempre los proporciona el sistema educativo».

«Se necesitaba que en la política de becas hubiera una diferenciación en función de una mayor necesidad y la discapacidad es sin duda una mayor necesidad», ha apuntado el presidente del CERMI, quien ha celebrado la «excelente noticia» de que se incremente esta cantidad para las becas al alumnado con necesidades de apoyo educativo: «Esperamos que esta línea se mantenga, se consolide y se institucionalice hacia el futuro y que pueda ser el inicio de otras políticas de ayudas mejores que tenemos en agenda».

UNA REVISIÓN ANUAL DE LA AYUDA

También Plena Inclusión ha celebrado la medida del Gobierno y tiene peticiones que hacer al Ejecutivo. En concreto, esta entidad le llama a actualizar la cuantía de estas ayudas de forma anual y a avanzar en el desarrollo de la educación inclusiva.

La presidenta de Plena Inclusión, Carmen Laucirica, ha defendido la necesidad de actualizar anualmente estas ayudas recordando el sobrecoste que «asumen decenas de miles de familias en el país» y que, por ejemplo, en la actualidad, se ha visto «incrementado por la crisis económica y la inflación».

Del mismo modo, ha recordado al Ejecutivo la urgencia de proveer de fondos que permitan formar al profesorado, adaptar los centros educativos, así como de garantizar de ajustes personalizados que faciliten al alumnado con Necesidades Educativas Especiales (NEE) un acceso al aprendizaje como el de sus compañeros y compañeras.

El desarrollo de estas medidas, que aparecen recogidas en la disposición adicional cuarta de la Ley de Educación vigente, todavía no se ha acometido, ha señalado Plena Inclusión, antes de urgir al Gobierno a garantizar el derecho a una educación inclusiva de todo el alumnado.

«SUS NECESIDADES SON TAMBIÉN ESTRUCTURALES»

El Consejo Español para Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD) también ha celebrado la nueva medida económica anunciada esta semana por el Gobierno para apoyar el próximo curso con un cheque de 400 euros a los estudiantes con discapacidad y ha instado al Ejecutivo a que esta ayuda «no sea algo puntual y se quede en la punta de iceberg de la verdadera problemática del alumnado con discapacidad en España: cubrir las necesidades estructurales que garanticen el acceso a la educación de todos los menores, tengan o no discapacidad».

No obstante, CEDDD ha apoyado la voluntad del Gobierno de garantizar la igualdad en el acceso a la educación con el citado cheque, pero entiende que la buena voluntad de la medida se quedará en papel mojado si no se complementa con iniciativas que garanticen la accesibilidad a los centros y la libre elección de modelo educativo a las familias.

«Es urgente cubrir las necesidades estructurales de las familias con hijos con discapacidad; adaptaciones curriculares, profesorado especializado y muchas más cuestiones que tienen que ver con el bienestar y la autonomía del menor», ha apuntado la adjunta a Presidencia de CEDDD, Mar Ugarte.

Ante esta situación, CEDDD entiende que «es más necesaria que nunca la coexistencia pacífica de la Educación Ordinaria y la Educación Especial, dado que la segunda puede dar respuesta a las necesidades de miles de familias con discapacidad».

Con este objetivo, CEDDD ha elaborado junto a la Asociación Nacional de Centros de Educación Especial (ANCEE) un manifiesto, que ha recibido el apoyo de una veintena de asociaciones y dos centenares de particulares, por el derecho de los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos, al entender que la elección de los padres garantiza el interés superior del menor, consiguiendo una educación adaptada a sus necesidades académicas, afectivas y sociales.