La Cofradía de Pescadores de Noia (A Coruña) ha instado a la Xunta a actuar con «cordura» y proceda a paralizar los vertidos permitidos por la Administración autonómica a los titulares de la mina de San Finx, propiedad de la australiana Rafaella Resources en Lousame (A Coruña), ante el riesgo que, dicen, tiene para la ría por sus niveles de concentración de metales pesados.

En un comunicado remitido a los medios este viernes, los pescadores de Noia han informado de la entrega de un nuevo informe técnico sobre el proyecto de vertido procedente de la mina en el que el doctor en Geofísica por la universidad estadounidense de Cornell Steven H. Emerman advierte del «absoluto fracaso de la prueba piloto» para el tratamiento de las aguas procedentes de la explotación.

Según la cofradía, el documento revela que estos ensayos «no han logrado controlar los niveles de zinc», presentan «concentraciones de cadmio y cobre disparados, muy por encima de los valores máximos permitidos para estos metales pesados tóxicos» y alerta sobre las «deficiencias» en el estudio de los niveles contaminantes.

Por tanto, los pescadores noienses apelan a que la conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, actúe con «cordura» y «paralice» la autorización, cuya validez fue defendida esta misma semana por el número dos de la Xunta, Francisco Conde, durante una respuesta a los grupos de la oposición en el Parlamento gallego.

Allí, Conde aseguró que la autorización de Augas de Galicia del vertido de aguas residuales depuradas de la mina de San Finx «se ajusta escrupulosamente a lo establecido en la normativa vigente de aplicación y que su tramitación se desarrolló con todas las garantías para las partes implicadas».

«Es la conselleira la que debe resolver el recurso y solicitud de medidas cautelares, aunque tanto la cofradía como otras entidades y el propio Ayuntamiento de Noia ya anunciaron que llevarán la Xunta a los tribunales si no se reconoce la ilegalidad de la autorización», han añadido los pescadores.

En este sentido, el patrón mayor de Noia, Santiago Cruz, se ha preguntado «cómo se puede permitir el vaciado de millones de metros cúbicos de aguas contaminadas con metales pesados cuando la mina no cuenta con los permisos necesarios para funcionar», en alusión a las palabras de Francisco Conde en el Legislativo autonómico, donde apuntó que la explotación carece de permiso de actividad minera en el punto para el que se ha dado permiso al vertido.

«Lo lógico sería, en todo caso, que la autorización de vertidos se concediera sólo después de que existiera un proyecto minero con declaración de impacto ambiental favorable, lo que hoy por hoy no existe», ha aseverado Cruz, que ha advertido que están «en riesgo miles de puestos de trabajo en la comarca», por lo que ha avanzado que continuarán adelante con las movilizaciones y las acciones hasta que el premiso a los vertidos «sea tumbado».