El diputado del BNG Xosé Luis Bará ha denunciado lo que le parece «una malversación desde el punto de vista moral» en las ayudas para construir auditorios municipales, algo que ha negado la directora xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, María Encarnación Rivas: «Garantizamos en todo momento la igualdad de trato, sin incurrir en prácticas ni clientelares ni partidistas», ha afirmado.

En la comisión institucional del Parlamento, el nacionalista ha acusado al Gobierno gallego de convertir en un «festín partidista» el reparto de fondos públicos «que son asignados a dedo a ayuntamientos del PP en su inmensísima mayoría».

La «medalla de oro» en este asunto, según este portavoz del Bloque, le corresponde a la Consellería de Medio Ambiente y al ‘Plan Urbe’, el «caso más escandaloso de reparto partidista de fondos públicos» en su opinión.

En la respuesta, la directora xeral se ha referido a varios casos concretos. Del primero, el de Ribeira, lo ha justificado por una razón «de interés público», al «enmendar la ausencia de instalaciones adecuadas para actividades sociales y culturales» en la localidad, lo cual «obliga» a los vecinos a «desplazarse contribuyendo a la fragmentación» del municipio.

Además, ha indicado que responde a la firma de un protocolo en 2019 y ha señalado que el procedimiento de contratación fue mediante la modalidad de concurso de ideas. La consellería y el ayuntamiento firmaron dos convenios, uno en 2019 para la redacción del proyecto básico por 130.000 euros y otro en 2020 para cofinanciar la construcción con una aportación de 0,5 millones, «equivalentes al 11% de la inversión total».

Rivas también se ha referido a la casuística de Marín, con firma de un convenio en 2021, igualmente «ante la ausencia» de una infraestructura de este tipo. La consellería aporta 1,9 millones, que suponen el 37% de la inversión total, según sus cifras.

En tercer lugar, ha apuntado a Begonte, que disponía de dos centros educativos pero «como consecuencia de la despoblación se mostraron muy grandes para el alumnado reducido, por lo que las instalaciones no se estaban aprovechando».

«Para agrupar servicios y ofrecer mejor calidad se optó por unificar», ha explicado. Xunta y ayuntamiento firmaron un convenio en 2022 «para subvencionar la reforma de las edificaciones actuales para su acondicionamiento como escuela de música-conservatorio y construcción de un auditorio», ha dicho, con un presupuesto total de 1 millón de euros, «del que la consellería aporta 400.000 euros».

Sobre otros consistorios, ha ratificado que hubo una reunión en 2021 con el alcalde de Bueu en la que «se trató la posible financiación» de la construcción de un auditorio, pero se constató, según su versión, que «no era posible en ese momento por no contar con suficiente presupuesto».

«Si bien no se cerró en absoluto la puerta para futuros ejercicios», ha advertido. Para ello, el Ejecutivo autonómico plantea justificar «la necesidad» y adjuntar «estudio de viabilidad urbanística y la asignación de un emplazamiento concreto».

Ya en el turno de cierre, ha insistido en que la ley ampara a la Xunta para este tipo de actuaciones «de forma directa, con carácter excepcional, cuando se demuestre interés público» y las circunstancias «dificulten la convocatoria pública, siendo el convenio la forma habitual» de proceder.

Además, ha respondido al BNG que «no debe olvidar otros ayuntamientos en que no gobierna el PP», por el auditorio de Ferrol, donde ha cifrado en 17 los millones de inversión y «el paradigma en toda Galicia como es el de Lugo», con 25 millones de inversión, «la mayor en un equipamiento de este tipo».

CIDADE DA XUSTIZA

A continuación, en la misma comisión, otra diputada nacionalista, en este caso María do Carme González, ha recriminado a la Xunta los sobrecostes «millonarios» en la adaptación del complejo del antiguo Hospital Xeral en la Cidade da Xustiza de Vigo. «Es muy grave y la Xunta tiene que depurar responsabilidades», ha resaltado.

La secretaria xeral de la Vicepresidencia Segunda, Elena Muñoz, ha rechazado que se produjera «improvisación ninguna» y ha defendido que «todo» se enmarcó «dentro de la hoja de ruta», pero hubo un peritaje «que detectó defectos constructivos» y «la solución para los brazos laterales no era adecuada».

«Técnicamente se vio en la necesidad de hacer un proyecto modificado para garantizar esa cimentación y la seguridad», ha argumentado, antes de lamentar que «el BNG sigue dudando». «El objetivo no era otro que garantizar la seguridad de los trabajadores. Estamos hablando de un edificio de la antigüedad que tenía el antiguo hospital de Vigo», ha finalizado.

Por su parte, la diputada del Bloque ha censurado que «la Xunta aquí primero hizo el proyecto y luego los estudios» y ha recordado que «no se habla de dos duros» de sobrecoste. La secretaria xeral, ante las preguntas de esta portavoz, ha remachado que la Xunta «va a seguir trabajando para que se concluya» el traslado.

ATENCIÓN A FAMILIARES DE FALLECIDOS

Por otra parte, en el mismo foro, la socialista Noa Díaz ha preguntado a la gerente del Sergas, Estrella López-Prardo, por si avanzan los trabajos en el desarrollo de protocolos de atención a las familias en el caso de fallecimiento en accidente de alguno de sus miembros.

La gerente ha respondido que la consellería es «consciente» de que este asunto «requiere la implicación de numerosos agentes» y ha subrayado que «todos los implicados» deben «trabajar para hacer más soportable este proceso».

Asimismo, ha afirmado que hay atenciones protocolizadas pero está «pendiente» el «reto de optimizar su aplicación singular en cada caso». En el ámbito sanitario, ha añadido, «se seguirá manteniendo la formación continuada» y «facilitando espacios adecuados para recibir estas malas noticias».

En la réplica, Díaz ha precisado que no está pidiendo «más recursos» sino un «protocolo que incardine todos esos recursos», y ha advertido de que «hace un año» la Xunta «estaba trabajando en ese procedimiento». «Estamos trabajando y seguimos trabajando en protocolos para atender estas situaciones», ha cerrado la alto cargo su intervención.

«Seguimos con el compromiso y el reto de escuchar y ayudar a las víctimas de familiares y coordinarnos nosotros con las instituciones existentes», ha insistido.

«¿DÓNDE ESTÁN LAS TABLETS?»

«¿Dónde están las tablets?» ha sido la pregunta que ha lanzado a continuación la parlamentaria del PSOE gallego Paloma Castro, que ha hecho referencia al plazo de más de un año transcurrido desde la adjudicación del contrato de suministro de 110 terminales para el uso de la aplicación ‘Ariemmovil’.

El director xeral de Emerxencias, Santiago Villanueva, ha indicado que se entregarán cuando «estén plenamente operativas, incorporando las últimas actualizaciones de geolocalización, incluyendo el norte de Portugal», entre otras cuestiones.

«Por lo menos ahora ya sabemos dónde están, que están en A Estrada», ha ironizado Paloma Castro, antes de afear a la Xunta una gestión «nada ágil».