La huelga de Letrados de la Administración de Justicia ha obligado a suspender el juicio contra tres personas acusadas de un delito contra la salud pública por supuestamente haber participado en la compra venta de sustancias estupefacientes en Ourense.

La vista estaba prevista que se llevase a cabo en la Audiencia Provincial de Ourense en la mañana de este miércoles, pero ha tenido que ser aplazada sin nueva fecha.

El Ministerio Fiscal solicita una pena para cada uno de los acusados de cuatro años de cárcel y una multa de 8.720,031 euros, con responsabilidad personal de cuatro meses de prisión.

Todo ello porque, según recogen en su escrito, los tres acusados –dos mantenían una relación y el tercero era hijo de uno de ellos– compraban y vendían distintas sustancias estupefacientes en Ourense.

Según Fiscalía, uno de los tres se dedicaba a la compra-venta, cuyo modus operandi consistía en concertar una cita telefónica con el comprador y luego desplazarse hasta el lugar para la entrega de la sustancia.

A raíz de sus desplazamientos el grupo de investigación interceptaba a los compradores, requisaba las sustancias y extendía las correspondientes actas denuncia.

En concreto, el Ministerio Público sostiene que el 7 de mayo del 2021 el acusado circulaba en un patinete eléctrico y, al percatarse de la presencia policial, tiró un objeto al suelo cuando se le daba el alto; interviniéndosele dos envoltorios de plástico, uno con cocaína y otro hachís.

Asimismo, los agentes comprobaron que la otra acusada, compañera del anterior, era la encargada de tomar las decisiones en cuanto a adquisición y distribución y que, por último, el tercer acusado era el encargado de proveer las sustancias.

Por todo ello, se realizaron registros en los domicilios de los tres detenidos. En el de la pareja incautaron un paquete de cincuenta bolsitas pequeñas, numerosas bolsas herméticas, 4.495 euros, básculas de precisión, una bolsa con cocaína con un peso aproximado de 8,89 gramos y diversas bolsas de plástico.

En el domicilio del tercer acusado encontraron papelinas con un peso de 4,4 gramos, diversas cantidades de dinero, una navaja automática, dos básculas, una pistola de gas, dos cajas de balines, una caja con cargas de gas y una libreta con anotaciones de nombres y números. Además, inspeccionaron una plaza de garaje donde encontraron otros 19.000 euros.

Por todos estos hechos la acusación pública reclama en total doce años de cárcel, imputa a cada sospechoso un delito contra la salud pública y, además, solicita que, en caso de condena, paguen una multa de 8.720 euros, sumando, de no hacerlo, cuatro meses al tiempo de privación de libertad.