Las ONG ambientales Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife, WWF y la Deep Sea Conservation Coalition han mostrado su satisfacción por que el Congreso de los Diputados haya instado al Gobierno a establecer una moratoria de la minería submarina a nivel internacional y piden por su parte al Ejecutivo mayor determinación en las negociaciones del Tratado de los Océanos y la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos.

Este martes la Comisión para la Transición Ecológica de la Cámara Baja aprobó una proposición no de ley para instar al Gobierno a establecer una pausa precautoria de la minería submarina, acordando estudiar su prohibición en aguas españolas.

Ahora, las ONG demandan que, con este mandato parlamentario, el Ejecutivo asuma un papel activo en las reuniones del Tratado Global de los Océanos y la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA).

La ISA se reunirá en marzo y julo para seguir debatiendo la adopción de normas para regular la minería submarina. A partir de julio existe la posibilidad de que comiencen a autorizarse explotaciones mineras en las grandes profundidades marinas.

Por ello, las ONG valoran que es fundamental que los países que están mostrando su oposición a esta actividad, como España, trabajen activamente y de forma coordinada para evitar el despegue de esta industria, que sería catastrófica para la conservación de los océanos.

En concreto, alertan de que esta actividad puede convertirse en una de las «principales amenazas» a la integridad de los fondos marinos profundos, un ambiente muy poco conocido y estudiado.

Así, recuerdan que la minería submarina es una actividad con «enormes impactos potenciales», desde los efectos tóxicos de las plumas de sedimentos y metales pesados a lo largo de la cadena trófica hasta la liberación de gases de efecto invernadero secuestrados en los fondos oceánicos, pasando por la destrucción irreversible de la biodiversidad marina.

En definitiva, elogian el acuerdo de la Cámara Baja porque con ello, España refuerza su posición entre el creciente grupo de países que demandan una moratoria, pausa precautoria o prohibición de la minería submarina, y que incluye ya a Francia, Alemania, Canadá, Chile, Nueva Zelanda, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Micronesia, Palao, Fiyi y Samoa, además de la Comisión Europea, que también se ha manifestado a favor de la prohibición de esta actividad.