El PP de Santiago ha afirmado este lunes que el exconcejal de Medio Rural, José Manuel Pichel, vendió su participación en la empresa Desproi en compensación de deuda y sin mediar pago. Para los populares, esta circunstancia hace «aumentar aún más los indicios» de que están «presuntamente ante la figura de un testaferro».

En una nota de prensa difundida a los medios, el portavoz popular, José Antonio Constenla, ha insistido en que el Gobierno de Xosé Sánchez Bugallo debe responder a las «numerosas preguntas que aún están por resolver» en relación con la nave de Desproi en la que se ubicaban los departamentos municipales de Medio Rural y de Parques y Jardines, de la que fue propietario Pichel, motivo por el que dimitió.

En este sentido, los populares se han vuelto a cuestionar «por qué la concejala Mila Castro propuso únicamente la nave de su compañero». Según el PP, la edil es «la responsable del contrato y la que firmó personalmente la propuesta a dedo y sin concurso público» y «lleva un mes sin responder». «Ahora quiere esconderse detrás del alcalde para mantener su silencio culpable», ha reprochado Constenla.

Del mismo modo, el portavoz popular ha asegurado, que según información mercantil de la empresa a la que han tenido acceso, Desproi tiene unas inversiones inmobiliarias que «ascienden a tres millones de euros». Por lo tanto, para Constenla, las preguntas «siguen ahí». «¿Era propietario el exconcejal de todo este patrimonio? ¿Por qué tenía una empresa compartida con UGT con este altísimo valor patrimonial? ¿Estamos ante la figura de un testaferro?», ha cuestionado.

Asimismo, ha reiterado que en cuanto tengan toda la documentación la remitirán a la Fiscalía. En este sentido, ha agradecido que «el resto de fuerzas políticas se sumasen a la propuesta del PP», así como al Gobierno municipal quien, según han señalado los populares compostelanos, «después de criticar duramente e incluso amenazar al candidato Popular, Borja Verea, ahora se suma a la propuesta de remitir toda la documentación a los juzgados».

Ante las «muchas preguntas que siguen sin respuesta», Constenla ha afirmado que tienen «completa confianza» en que, una vez remitida la documentación a la Fiscalía Anticorrupción, «la investigación será completa», ya que, ha insistido, no se trata solo «de una presunta adjudicación ilegal de un alquiler», sino que «todos los indicios llevan a pensar que presuntamente podemos estar ante una trama organizada donde todos querían beneficiar a esta empresa».