El fiscal del doble crimen del Cash Record de O Ceao, ocurrido el 30 de abril de 1994, ha mantenido este viernes, cuando las partes han dado a conocer sus conclusiones, su postura inicial y no ha ejercido la acusación contra el único procesado, M.J.V.C., «porque no hay indicios suficientes para destruir la presunción de inocencia».

En esta quinta y última jornada del juicio en la Audiencia Provincial de Lugo, tanto la defensa como la acusación particular y la Fiscalía han elevado sus conclusiones provisionales a definitivas, que se han mantenido como en un primer momento.

Así, el fiscal ha indicado que en el caso del Cash Record «no se puede acreditar cuantas personas eran» y ha puesto en duda la vinculación con el atraco al Cash Miño — dos años antes –, ya que en este caso «no se piensa hacer uso de las armas, mientras que en Cash Record parece un hecho preconcebido».

El fiscal también ha hablado de la supuesta vinculación de M.J.V.C con el atraco al Cash Miño y al crimen de Toirán, al que apuntaron este jueves un inspectores de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta, y ha dicho que esto se le atribuyó al proceso «para sumar más indicios de los que realmente hay en el caso del Cash Record».

Entre otras cosas, también se ha referido al supuesto ofrecimiento del atraco a un toxicómano — fallecido — por parte del acusado, ya que «es el indicio más importante, el que hizo que se dirigiera todo contra el acusado». Así, ha indicado que «es posible que se le pueda dar credibilidad», pero que «no fue sometido a contradicciones».

Además, aunque ha alabado el trabajo hecho por los funcionarios policiales, ha indicado que «en algún caso las investigaciones han ido en busca de indicios contra el acusado y no en busca de la verdad».

El fiscal ha concluido señalando que su postura «podrá ser o no entendida», pero que ha llevado a cabo su ejercicio «con toda la rectitud de la que ha sido capaz».

«NO HABÍA OTRA PERSONA QUE REUNIERA TODOS LOS INDICIOS»

La abogada de las familias de los fallecidos, Carmen Balfagón, ha resaltado en sus conclusiones que «no había otra persona que reuniera todos los indicios para ser el autor material de estas muertes». Así, ha indicado que estos indicios «son sólidos» y los han aportado «quienes han hecho las investigaciones», en referencia a los informes de la Udev, la Policía Nacional y la Policía Local.

De este modo, la acusación se ha apoyado en el concepto jurídico de prueba incitaria, que avala que un conjunto de indicios sólidos sea tomado en cuenta por el tribunal como si fuese una prueba de hecho. La acusación ha solicitado una sentencia condenatoria por dos delitos de asesinato, robo con fuerza y tenencia ilícita de armas.

Balfagón ha señalado, entre otros indicios, que M.J.V.C era «un cliente habitual» y ha insistido que en «ha quedado acreditado que había un patrón en los albaranes de compra del Cash Record». También se ha remitido a la declaración de un antiguo inspector de la Policía Local — este jueves en la Audiencia — que dijo que «en 38 años no sabía de más hosteleros que tuviesen armas».

Además, ha puntualizado que la declaración del toxicómano fallecido que indicó en su momento que el acusado le había ofrecido el crimen «se ha utilizado como se ha querido» y ha recordado que «la toxicomanía no impide a nadie testificar».

Asimismo, ha apuntado que el procesado «en todas las declaraciones ha mentido» — poniendo como ejemplo que conducía y poseía armas, algo probado y que el procesado negó — y ha señalado que «esto para esta acusación es un indicio más». LA DEFENSA PIDE SENTENCIA ABSOLUTORIA

Por su parte, la abogada del acusado ha pedido una sentencia absolutoria y ha cuestionado, en varias veces a lo largo de la lectura de sus conclusiones, si «se estaban buscando al autor del crimen o pruebas contra M.J.V.C».

De este modo, ha insistido en que los indicios «tienen que ser plurales y estar probados» y «no basados en conjeturas y rumores». Así, se ha remitido a las «pruebas objetivas» para defender al procesado.

Entre otros asuntos, se ha referido a las contradicciones en los testimonios del toxicómano fallecido y al reconocimiento fotográfico que ha calificado de «errático».

CASI TRES DÉCADAS ESPERANDO EL JUICIO

Era la noche del 30 de abril de 1994 cuando Isabel, preocupada por la tardanza en regresar a casa de su hermana Elena, se desplazó hasta el Cash Record del Polígono de O Ceao de Lugo para descubrir que tanto ella como Esteban, un reponedor, los únicos trabajadores del establecimiento a la hora del cierre, habían sido asesinados a tiros en el transcurso de un robo.

Así daba inicio uno de los casos más complejos del sistema judicial español y toda una excepción: la Audiencia de Lugo ha abierto este lunes juicio oral contra el único acusado de este crimen, una vista que se basa en el sumario judicial en abierto y en trámite más antiguo del país.

La investigación inicial, poco pudo determinar del autor o autores del crimen en su momento, salvo que el ataque se produjo en el momento del cierre del establecimiento y que las víctimas abrieron la puerta a una persona que no parecía suponer una amenaza para ellos, por lo que sus familias siempre creyeron que era alguien conocido.

Para el procesado, las familias de las víctimas, que ejercen la acusación particular, piden 28 años de prisión por los dos homicidios y por un delito de robo con violencia, dado que se llevaron también un botín de unos cinco millones de pesetas (30.000 euros). La Fiscalía, sin embargo, no ha presentado cargos contra el procesado, pues no ve pruebas de cargo contra él.