El único acusado por el doble asesinato del Cash Record de O Ceao (Lugo), ocurrido hace casi 30 años, ha negado este lunes su implicación con el crimen y ha señalado que fueron dos toxicómanos que conoció en la cárcel –antes de estos hechos– los que lo incriminaron «para beneficiarse», después de que los pillaran traficando con droga.

El acusado, que ha entrado a la Audiencia Provincial de Lugo con la cara prácticamente tapada con gorro y mascarilla, se ha negado a responder a los letrados de la acusación y solo ha contestado a las cuestiones formuladas por el fiscal y por su letrada.

Así, M.J.V.C. ha reconocido que iba al establecimiento «casi todas las semanas» a comprar alcohol para el local que regentaba en la Rúa Nova y que, por lo tanto, conocía a las víctimas, Elena y Esteban.

En esta línea, ha apuntado que «no conocía el nombre de los fallecidos» y tampoco «sus horarios o cuando era la recaudación» y ha precisado que, tras el crimen, «siguió yendo al establecimiento» y de lo ocurrido «se enteró por la prensa». También ha negado haber tenido altercados con la cajera por no querer pagar sus compras.

En su relato, el acusado ha señalado que en 1993 entró en prisión por tráfico de drogas y armas y que allí conoció a dos toxicómanos que le ofrecieron vender droga en su bar, algo a lo que accedió.

De este modo, ha apuntado que a estas dos personas «las cogieron con droga y se inventaron lo de Cash Record para beneficiarse». Además, ha apuntado que «no llegaron a ir ni al calabozo».

«ERA UN SECRETO A VOCES QUE ESTABA IMPLICADO»

La segunda llamada a declarar en esta primera jornada ha sido la hermana de la fallecida, María Isabel López, que el día de los hechos acudió, «como era habitual», a recoger a su hermana al trabajo, en torno a las 20 horas, acompañada de sus dos sobrinos de cuatro y seis años.

En su relato, López ha apuntado que estuvo «tocando el claxon», pero que Elena «no daba salido» y cuando se acercó al local vio «todo apagado, salvo una pequeña luz y había música puesta», algo que «no era habitual». Así, ha señalado que dejó a las niños con su madre y volvió al Cash Record con su padre y su marido, donde encontraron los cadáveres, y que posteriormente entró su marido «que les tomó el pulso».

Además, López ha asegurado que «era un secreto a voces que M.J.V.C estaba implicado en el crimen». También ha recordado que la relación del acusado con su hermana «era cliente habitual, de confianza» y que Elena «llegó a recomendarle a mi padre para que le hiciese una reparación en el bar».

Asimismo, López ha afirmado que acompañaba a su hermana, tras recogerla en el establecimiento, al cajero automático a dejar el dinero de la caja «casi todos los días» cuando terminaba su jornada laboral.

EL MARIDO DE LA VÍCTIMA DICE NO CONOCER AL ACUSADO

Entre los testigos ha estado el marido de Elena, que ha cobrado todas las indemnizaciones a consecuencia de su fallecimiento, quien ha destacado que «no conocía» al acusado antes de los hechos y que «nunca había ido a su bar».

Sobre lo ocurrido aquella noche, ha explicado que se encontraba trabajando cuando «llegó su suegra llorando con los niños» y ha indicado que fue a la comisaría — que se halla al lado de la cafetería — y le llevaron «en coche patrulla» al establecimiento.

En esta línea, ha aludido a que antes de estar en la cafetería donde trabajaba en el momento de los hechos «iba algunas veces por la tarde» a recoger a Elena y que «la acompañó muchas veces al cajero».

«LOS INGRESOS SE HACÍAN EN LA OFICINA»

El encargado del Cash Record en el momento de los hechos y el otro empleado han pasado también este lunes por la Audiencia Provincial, donde ambos han negado que antes del crimen se llevasen a cabo en el cajero automático. Así, han puntualizado que «los ingresos se hacían en la oficina» y «normalmente iba el encargado».

En su testimonio, el entonces encargado del establecimiento ha contado que al irse el último cliente «se cerraba el portalón y muchas veces la puerta interior, que solo se abría después si era alguien conocido», por lo que ha considerado que al autor de los hechos «se le tenía que conocer».

Así, ha resaltado que a Elena «siempre iban a buscarla» a la salida, pero que «no sabía de que el acusado se hubiese intentado irse algún día sin pagar».

Por su parte, el otro empleado, que nunca trabajaba los sábados por la tarde, también ha dicho que «habitualmente llevaba la recaudación el encargado» y que cree «que siempre en la oficina». De este modo, al enterarse de los hechos acudió al local pero cuando llegó «ya había cadáveres».

En esta jornada ha declarado también un vigilante de seguridad del polígono de O Cea. Así, se ha tenido en cuenta otro testimonio, de una persona ya fallecida.

CASI TRES DÉCADAS ESPERANDO EL JUICIO

Era la noche del 30 de abril de 1994 cuando Isabel, preocupada por la tardanza en regresar a casa de su hermana Elena, se desplazó hasta el Cash Record del Polígono de O Ceao de Lugo para descubrir que tanto ella como Esteban, un reponedor, los únicos trabajadores del establecimiento a la hora del cierre, habían sido asesinados a tiros en el transcurso de un robo.

Así daba inicio uno de los casos más complejos del sistema judicial español y toda una excepción: la Audiencia de Lugo ha abierto este lunes juicio oral contra el único acusado de este crimen, una vista que se basa en el sumario judicial en abierto y en trámite más antiguo del país.

En el transcurso de todo este tiempo, el doble crimen del Cash Record de Lugo estuvo a punto de prescribir frente a la lucha incansable de las familias de las víctimas para que no cayese en el olvido.

La investigación inicial, poco pudo determinar del autor o autores del crimen en su momento, salvo que el ataque se produjo en el momento del cierre del establecimiento y que las víctimas abrieron la puerta a una persona que no parecía suponer una amenaza para ellos, por lo que sus familias siempre creyeron que era alguien conocido.

Para el procesado, las familias de las víctimas, que ejercen la acusación particular, piden 28 años de prisión por los dos homicidios y por un delito de robo con violencia, dado que se llevaron también un botín de unos cinco millones de pesetas (30.000 euros). La Fiscalía, sin embargo, no ha presentado cargos contra el procesado, pues no ve pruebas de cargo contra él.