Era la noche del 30 de abril de 1994 cuando Isabel, preocupada por la tardanza en regresar a casa de su hermana Elena, se desplazó hasta el Cash Record del Polígono de O Ceao de Lugo para descubrir que tanto ella como Esteban, un reponedor, los únicos trabajadores del establecimiento a la hora del cierre, habían sido asesinados a tiros en el transcurso de un robo.

Así daba inicio uno de los casos más complejos del sistema judicial español y toda una excepción: la Audiencia de Lugo abrirá este lunes juicio oral contra el único acusado de este crimen, una vista que se basa en el sumario judicial en abierto y en trámite más antiguo del país, que ha tardado casi 30 años en sentar a un procesado en el banquillo de los acusados.

En el transcurso de todo este tiempo, el doble crimen del Cash Record de Lugo estuvo a punto de prescribir frente a la lucha incansable de las familias de las víctimas para que no cayese en el olvido.

La investigación inicial, según denuncia la letrada de la acusación, Carmen Balfagón, «dejó mucho que desear». Poco pudo determinar del autor o autores del crimen en su momento, salvo que el ataque se produjo en el momento del cierre del establecimiento y que las víctimas abrieron la puerta a una persona que no parecía suponer una amenaza para ellos, por lo que sus familias siempre creyeron que era alguien conocido.

ESCUCHAS AL BORDE DEL ARCHIVO

Tras una sucesión de prórrogas en la investigación que parecían estériles, el juez encargado del caso, del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Lugo, decidió poner punto y final a las pesquisas cuando estaban a punto de cumplirse 25 años del doble asesinato, lo que llevó a las familias a pedir la intervención de la Audiencia Provincial de Lugo. Al borde del archivo definitivo, Audiencia admitió su recurso y nuevas diligencias, entre ellas una intervención telefónica al sospechoso en 2013.

De esas nuevas diligencias, testimonios y escuchas surgió, en tiempo de descuento, los indicios que llevaron a la declaración del que hoy es el único procesado por este crimen: un hostelero que en el momento del crimen regentaba un local en la Rúa Nova de Lugo y que hoy reside en Burgos.

En el juicio contra él, fijado en la Audiencia Provincial de Lugo desde el próximo lunes, día 6, están citados a declarar unos 60 testigos, según apunta la letrada de la acusación.

Será todo un ‘viaje en el tiempo’ a nivel judicial, una vista excepcional, ya que se juzgará, como determina la ley, tomando como base la legislación existente en el momento de la supuesta comisión del delito, esto es, de 1994. Esto implicará, entre otras cuestiones, que el proceso no contará con jurado popular, encargado de emitir veredicto en los casos de homicidio, ya que la ley que lo rige es de un año después, 1995.

28 AÑOS DE PRISIÓN

Para el procesado, las familias de las víctimas, que ejercen la acusación particular, piden 28 años de prisión por los dos homicidios y por un delito de robo con violencia, dado que del Cash Record de O Ceao se llevaron también un botín de unos cinco millones de pesetas (30.000 euros).

La Fiscalía, sin embargo, no ha presentado cargos contra el procesado, pues no ve pruebas de cargo contra él, y pide el sobreseimiento de la causa.

En el auto de apertura de juicio oral, la magistrada reconoce que las pruebas contra el acusado no son solo «conjeturas o simples sospechas», sino que existen indicios de criminalidad y vinculación con este caso, y la afea su poca colaboración.

«El procesado siguió la tónica de negar incluso hechos objetivos que constan en el sumario, tales como su familiaridad con las armas, pues fue condenado por un delito de tenencia de armas sin licencia o permiso; o negando que condujera vehículo alguno en su vida debido a que carece de permiso oficial, cuando consta la condena en dos ocasiones por conducción sin permiso oficial», recalca la jueza. Entre las causas anteriores, también figura una de tráfico de drogas.