Letrados de la Administración de Justicia de Galicia, en huelga indefinida desde el 24 de enero, se han concentrado este viernes en la Plaza del Obradoiro, en Santiago, para reivindicar la adecuación salarial, «prometida hace años», respecto a las nuevas funciones que asumieron hace algo más de una década y más derechos laborales. Además, han criticado la actitud del Ministerio de Justicia, «del que solo han recibido insultos personales» y al que acusan de jugar «al desgaste».

Al acto reivindicativo decenas de letrados han acudido con su toga y con una pancarta que solicitaba ‘Por justicia, por dignidad, por igualdad’. Ya delante de la fachada de la Catedral, los asistentes han coreado consignas como ‘No somos golpistas, somos juristas’ o ‘No nos agrada, la justicia está parada’.

Ante los medios, la representante de los letrados, Pilar Cancela, ha señalado que el seguimiento del parón está siendo «masivo». «Llegamos al 80% y en la Comunidad Autónoma está entre un 60 y un 70%. En los últimos días también se han unido un 80% de los letrados del Tribunal Supremo», ha apuntado.

Esto, ha señalado, pese a que el Ministerio de Justicia «lo único que ha hecho ha sido negar el seguimiento de la huelga, negar sus efectos». «Y lo único que hemos recibido es una serie de declaraciones a través de ruedas de prensa, del nº2 del Ministerio de Pilar Llop que a lo único que se dedica es a dirigir insultos personales hacia los integrantes del cuerpo de letrados. Que tenemos una huelga política, que estamos frustrados porque no somos jueces o fiscales, que somos dictadores o golpistas», ha afirmado.

Cancela también ha repasado las reivindicaciones del colectivo, entre ellas la adecuación salarial en base a las nuevas funciones que asumieron hace algo más de una década y que aún no han percibido.

«Desde 2010 nuestro cuerpo ha asumido nuevas competencias, y por tanto nuevas responsabilidades. El objetivo era agilizar la administración de justicia, descargar de tareas a los jueces y magistrados para que pudieran dictar sentencias. Supuso un nuevo giro del ordenamiento jurídico y fue un éxito. Y la Administración nos dijo que era necesario adecuar el salario a las nuevas funciones pero eso nunca llegó, llevamos 13 años esperando», ha explicado.

Solicitan además que se consolide la categoría profesional, un régimen de sustituciones adecuado o un catálogo de enfermedades y riesgos laborales, así como ver determinados derechos reconocidos. «Ahora una letrada en licencia por maternidad veía reducidas sus retribuciones mensuales y se está delimitando aún el disfrute de la lactancia en las mujeres letradas», ha apuntado.

En cuanto a los procesos judiciales paralizados, Cancela ha indicado que «prever cuánto costará recuperar la actividad totalmente es difícil». Ha convenido además que «una huelga indefinida siempre es traumática». «Lo es para el servicio público, para el ciudadano y también para ellos. El ministerio a lo que está jugando es al desgaste, y yo no sé hasta cuando va a seguir esto, pero confío en que vamos a aguantar», ha asegurado.

PROCURADORES PIDEN «CONJUGAR DERECHOS»

Por otra parte, el Consello Galego de Procuradores (CGP) se ha pronunciado este viernes sobre la huelga de los Letrados de la Administración de Justicia, en cuanto a la que se muestran «profundamente preocupados» por el «perjuicio» que está generando a los ciudadanos, a los propios procuradores y a los demás operadores jurídicos.

«Los procuradores apoyamos el derecho a la huelga de los LAJs pero no podemos aceptar la paralización prácticamente total de la actividad de los juzgados», apuntan en un comunicado.

Consideran necesario «conjugar los distintos derechos constitucionales que están en juego: el derecho a la huelga por parte de los letrados judiciales y el derecho a una tutela judicial efectiva y a un proceso público sin dilaciones por parte de los ciudadanos».

Por ello, apremian al Ministerio de Justicia y a las asociaciones convocantes a que establezcan una mesa de negociación inmediata para llagar a un acuerdo «ante el colapso de la Administración, que no hará más que ahondar en el enorme retraso que ya tiene».

Recuerdan que, según los últimos datos disponibles del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), hasta septiembre de 2022 el atasco en Galicia alcanzaba los 161.300 casos pendientes de ejecución.

Piden también a los organismos competentes que publiquen con antelación las actuaciones procesales que serán suspendidas por la huelga. Invocan para ello la Carta de los Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, que recoge que el ciudadano tiene derecho a conocer con antelación si su visita se va a suspender.

«No es admisible que tanto el ciudadano como los profesionales de la Administración de Justicia acudan al juzgado y allí se indique que el acto para el que fueron llamados no tendrá lugar, como está sucediendo en estos momentos», critican.

Por lo que respecta a los procuradores, explican que los plazos de algunos asuntos siguen computando, por lo que solicitan el acceso al expediente judicial para poder «cumplir» con su trabajo. «Se nos está negando el acceso a los expedientes cuando hay funcionarios competentes que pueden facilitárnoslo, según el artículo 234 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y ese aspecto no merma el derecho a la huelga que tienen los letrados», apuntan.