La crisis abierta por el alquiler de una nave industrial por parte del Ayuntamiento de Santiago a la empresa Desproi ha llegado este jueves al pleno municipal, en el que se ha tomado en consideración la renuncia del ya exedil José Manuel Pichel y en el que también han debatido dos interpelaciones en las que Compostela Aberta y BNG han pedido que «no se cierre en falso» este caso y se desvele quienes son los otros responsables de esta adjudicación.

En la sesión, sin embargo, no ha comparecido la edil Mila Castro, algo que reclamaba el Partido Popular para aclarar las circunstancias de la firma de este contrato de alquiler. La propuesta ha ido a este pleno, pero solo para aceptarla –por unanimidad de los grupos– y que sea materializada en el próximo, en el mes de febrero.

Como segundo punto de la orden del día, el pleno ha tomado en consideración la renuncia de José Manuel Pichel a su cargo de concejal, presentada hace algo más de una semana, 48 horas después de que Compostela Aberta hiciese público que el ayuntamiento mantiene desde hace 16 meses un contrato de alquiler para el servicio de Parques y Jardines y las oficinas de Medio Rural en una nave propiedad de una empresa a la que Pichel había estado vinculado.

Este jueves, «10 días después» de hacerse público este hecho, «existen dudas que todavía no se han clarificado», ha dicho durante el debate la portavoz de Compostela Aberta, María Rozas, que ha afeado a José Manuel Pichel que un día antes de presentar su dimisión y admitir lo sucedido como «un error», emitiese un comunicado público para acusar a la formación de dar una «noticia falsa».

«Nos cuesta entender y asumir que el señor Pichel cometió un error», ha añadido Rozas, poniendo en duda que la dimensión de este caso se limite, como dijo el exedil, a no haber comunicado su relación accionarial con la empresa contratada. «No soy muy creyente de las casualidades, no creo que fuese muy casual que vendiese las acciones en Desproi 13 días después de que la Xunta de Goberno le adjudicase el contrato a esa empresa, pero que el contrato no se firmase hasta octubre, cuatro días después de que se deshiciese de las acciones», ha añadido Rozas.

Así, se ha referido al hecho de que José Manuel Pichel se mantuvo sus acciones en Desproi, a través de la empresa Gaia, hasta septiembre de 2021, después de adjudicarse el contrato de alquiler. La firma de este contrato, sin embargo, se aplazó 15 días, en los que el exedil vendió estas participaciones. «No me parece que esta cronología sea fruto de la casualidad», ha destacado la portavoz de CA.

Entre otras cuestiones, María Rozas ha asegurado que «sigue sin respuesta» el motivo por el cual este contrato tuvo que hacerse «de urgencia» para trasladar a la brigada de Parques y Jardines, cuando la Xunta había avisado «con ocho meses de antelación» la necesidad de dejar las anteriores oficinas, en la antigua estación de autobuses.

También ha preguntado Rozas por qué los técnicos municipales visitaron «solo esa nave» y «no otra», por qué el contrato «se firmó por un año», cuando el acuerdo de la Xunta de Goberno era por cuatro meses, y por qué se trasladaron de manera efectiva los servicios municipales 15 días antes de materializar el contrato.

En referencia a la propuesta para alquilar esta nave que se llevó a la reunión del gobierno local, María Rozas ha mostrado en el pleno un documento con la misma propuesta de alquiler de esta nave y firmada, en este caso, «de forma conjunta por José Manuel Pichel y Mila Castro», mientras que en la propuesta definitiva «desapareció la firma» del exedil vinculado con el inmueble, ha dicho.

NO «CERRAR EN FALSO» LA CRISIS

Por su parte, la portavoz del BNG local, Goretti Sanmartín, ha reclamado al gobierno que «haga públicos todos los informes» relacionados con este caso para «no cerrar en falso esta crisis solo con la dimisión de un concejal» que, ha advertido, «no es la única persona responsable».

En su intervención, la nacionalista ha afeado el proceso «a dedo» elegido para el alquiler de la nave industrial, la vinculación a uno de los miembros del ayuntamiento y la extensión del periodo inicial de 4 meses de alquiler, al tiempo que ha preguntado «donde están las otras empresas» consultadas por inmuebles durante este proceso.

A mayores, no le parece «casual» que el exedil vendiese en septiembre de 2021 sus acciones a Desproi, «una empresa de Unións Agrarias», «justo cuando se produce el alquiler» de la nave.

Goretti Sanmartín ha calificado toda esta situación de «irregular» y ha pedido al gobierno que «paralice» el pago a Desproi de algo más de 49.000 euros que acordó una Xunta de Goberno extraorinaria el pasado 30 de diciembre por los atrasos del alquiler.

UN «ERROR» SIN «RELEVANCIA JURÍDICA»

Por parte del gobierno local ha respondido a las interpelaciones Sindo Guinarte, que ha vuelto a limitar todo el caso a «un error importante, grave, relevante, por parte del concejal, que tuvo ya un coste: su renuncia».

Guinarte ha afeado a los grupos de la oposición algunas de las acusaciones de los últimos días que, ha dicho, «deben respaldarse en hechos» y ha pedido «huir de los grandes adjetivos y de las supuestas conspiraciones».

Para el edil, lo «relevante» en esta cuestión «no es el procedimiento ni el objeto» del contrato de alquiler, si no «la relación directa con la adjudicataria de un contrato» por parte de un concejal, un hecho que «desconocían» los integrantes de la Xunta de Goberno, ha afirmado. «No tiene relevancia jurídica, pero nos parece inaceptable», ha añadido.

Sindo Guinarte ha asegurado que, de saber esa relación entre José Manuel Pichel y la empresa propietaria de la nave, ese contrato «no llegaría a realizarse» y ha recordado que el informe del secretario general pedido tras tener conocimiento del caso apunta a que no hay «una prohibición» de hacer este contrato, aunque sí «un conflicto de intereses».

Para este contrato, ha dicho Guinarte, «se visitaron varias instalaciones municipales», de las que solo se consideró apto el recinto de Amio, aunque precisa de una reforma. Por ello, «fue necesario buscar un local fuera del ámbito del ayuntamiento».

El expediente para la adjudicación «llegó con los informes correspondientes» y el dictamen «favorable de la intervención municipal». «No hubo reparo en ese informe ni en las facturas de los cuatro primeros meses», ha apuntado Guinarte, para quien el procedimiento no es «nada excepcional». «El problema no es el expediente de alquiler, no radica en el procedimiento, si no que es una cuestión de responsabilidad política y así lo asumimos», ha dicho.

Sindo Guinarte ha rematado recordando el «brevísimo plazo» de la dimisión del concejal y atribuyendo esta situación al «inevitable ruido electoral», para añadir que «no es admisible lanzar palos de ciego» cuando las acusaciones «no se pueden sustentar en nada más», ha zanjado.

REPERCUSIÓN EN EL CONSELLO

Además de en el pleno municipal, la nave de Desproi ha llegado también al Consello de la Xunta de este jueves, donde el presidente, Alfonso Rueda, ha sido preguntado durante la rueda de prensa acerca de si el PP tiene información para hablar de una «trama organizada» en el Ayuntamiento para «desviar fondos a empresas amigas», tal y como afirmó el lunes el presidente de los populares de Santiago, Borja Verea, que avanzó que llevaría el caso a Fiscalía.

«No tengo más datos que lo que está saliendo por la prensa», ha respondido Rueda, por lo que ha rechazado «decir mucho más» y se ha limitado a respaldar al líder de su partido en la capital gallega: «Si está diciendo lo que está diciendo, es porque tiene datos que lo sostengan».