El 60 por ciento de los delitos que se cometen en la ciudad de Lugo son de carácter leve y las okupaciones fueron un 0,4 por ciento del total de las infracciones registradas durante el año pasado, 2022.

Estos datos fueron abordados en la reunión que la alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, y la subdelegada del Gobierno, Isabel Rodríguez, copresidieron en el marco de los encuentros periódicos que mantienen ambas instituciones con las diferentes fuerzas y cuerpos de seguridad que operan en el municipio.

Tras la reunión de coordinación, que tuvo lugar en el Centro de Convivencia Intergeneracional Paco Martín –recientemente inaugurado–, ambas mantuvieron un encuentro con los vecinos del barrio de A Milagrosa, a los que explicaron los dispositivos policiales puestos en marcha contra la okupación ilegal y otros tipos de delincuencia.

En este sentido, según explica el Ayuntamiento y la Subdelegación del Gobierno en un comunicado conjunto, las fuerzas de seguridad pidieron que no se crease una alarma social en torno a la okupación, puesto que Lugo «es una ciudad segura y se está trabajando de forma coordinada para atajar los casos que se puedan dar, puesto que un solo caso es ya una preocupación».

Además, han incidido en la «necesidad e importancia» de que los propietarios denuncien este tipo de actuaciones, porque, de lo contrario, «no es posible actuar».

Las dos dirigentes «empatizaron» con los vecinos, con los que «comparten y entienden sus preocupaciones», pese a que las cifras «no reflejan un alto índice de delincuencia». Asimismo, les trasladaron que están empleando todas las herramientas que tienen las administraciones para actuar en los problemas que pueda haber en el barrio, tanto las okupaciones, como el cierre de bares o alguna «pelea aislada».

REFUERZO DE LA VIGILANCIA

Por otro lado, entre los dispositivos presentes en el barrio, se informó que, además del refuerzo de la vigilancia, también hay un importante número de policías camuflados y que, «si es necesario, se incrementarán para atajar situaciones de delincuencia».

En el comunicado, se explica que la mayor parte de los casos de okupación que se registran, obedecen a situaciones de vulnerabilidad y «no están relacionados con organizaciones criminales». «Llevamos más de una década de retraso en la creación de vivienda pública de protección oficial en la ciudad que palie todas estas carencias y que tenga la capacidad de atender la demanda que existe y que afecta a familias enteras con menores a su cargo», ha lamentado la alcaldesa, quien ha indicado que se trata «de dos de las materias» competencias de la Xunta.

La regidora ha recordado que la Administración autonómica «dispone de terrenos para la creación de parque inmobiliario público», tanto en Garabolos como al lado del nuevo auditorio, que desde hace años se comprometió a promover «sin que, hasta el momento, se hubiese materializado».

«Lo mismo que ocurrió con la superficie conveniada en 2004 y por la que se decía la parcela municipal de Mangoi, en la que, además de la dotación cultural, se preveía la edificación de 140 viviendas, el 60 pro ciento de protección oficial», ha agregado.

Lara Méndez ha agregado que a ello hay que añadir que las listas de demandantes recogidas en el registro único de la Xunta, y que «se incrementan cada año», triplican a las de otras capitales semejantes, como Ourense.

«CIUDAD TRANQUILA»

Por su parte, la subdelegada del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha destacado que Lugo «es una ciudad tranquila y segura y que las fuerzas de seguridad trabajan para que continúe siendo una de las ciudades con los índices más bajos en relación a las infracciones penales».

Asimismo, puso en valor la «profesionalidad y compromiso» de las fuerzas de seguridad del Estado y su «estrecha colaboración con las policías local y autonómica» en la ciudad, trabajando «en coordinación para resolver con rapidez y eficacia cualquier hecho delictuoso o problema de convivencia que se pueda producir».

Sobre las okupaciones, Rodríguez ha subrayado que están «en contacto permanente» con los representantes vecinales y comerciantes de las zonas afectadas donde se producen los problemas de convivencia. En este sentido, aclaró que los datos «no indican que el fenómeno de la okupación amenace la seguridad pública de Lugo».

«Entendemos la percepción de la ciudadanía y la preocupación social que genera cada caso, que en ocasiones también afecta al vecindario de la zona. Cada uno de estos casos nos preocupan, pero tenemos que ser muy rigurosos y responsables a la hora de abordar este tema desde las administraciones y no infundir en la sociedad una preocupación mayor», ha enfatizado.

Así, la subdelegada del Gobierno, que recordó los programas de vivienda del Ejecutivo central o el ingreso mínimo vital, explicó que en Lugo «no existe okupación por parte de organizaciones criminales, sino que se detectaron casos de okupación dinámica en viviendas deshabitadas o abandonadas por parte de colectivos vulnerables o en algunos casos relacionados con el consumo de drogas». Por ello, incidió en que es «fundamental denunciar» para que las fuerzas y cuerpos de seguridad puedan actuar.