Una decena de eutanasias se han realizado en Galicia desde la entrada en vigor de la ley en junio de 2021, según ha informado la Consellería de Sanidade a Europa Press este jueves.
Precisamente, la asociación Dereito a Morrer Dignamente (DMD) se ha movilizado este jueves en la Praza do Obradoiro, en Santiago de Compostela, para reclamar el reconocimiento oficial del 12 de enero como el Día da Morte Digna en Galicia, una fecha que conmemora el fallecimiento del tetrapléjico gallego Ramón Sampedro, símbolo de esta lucha.
Al respecto, el presidente de la asociación Dereito a Morrer Dignamente, Miguel Anxo García Álvarez, reclama una «mayor transparencia» a la Xunta en la información institucional sobre la eutanasia ante la falta de datos sobre la materia.
Alrededor de 50 personas se reunieron en la plaza más emblemática de la capital gallega para honrar la figura de Ramón Sampedro e insistir en que se proclame de forma institucional este día como el Día de la Muerte Digna en la Comunidad, una fecha que hasta este año la organización celebraba en la playa de A Furnas (Porto do Son).
La concentración dio comienzo a las 13,00 horas con la lectura del manifiesto redactado por la asociación, por parte del presidente de DMD en Galicia. En él, se ha recordado a Ramón Sampedro como una figura clave para lograr el «indiscutible avance» que supone la Ley Orgánica de la Regulación de la Eutanasia.
La eutanasia reconoce el derecho a decidir sobre el final de la vida, solicitando ayuda para morir, cuando las condiciones de sufrimiento de un individuo ya no son compatibles con su propia dignidad. Desde junio de 2021 este derecho ha sido despenalizado y, según la asociación, «garantiza el respeto a la autonomía y a la libertad de la persona».
RECLAMACIONES A LA XUNTA DE GALICIA
El presidente de la Asociación en Galicia se ha mostrado molesto, en declaraciones a Europa Press, con la forma de actuar de la Xunta de Galicia desde la regulación de este derecho. La Consellería ha asegurado que se han realizado un total de 10 eutanasias desde la entrada en vigor de la ley, cifra de la que García Álvarez asegura no tener constancia.
El portavoz de la organización también reclama la redacción de un informe de forma frecuente por parte del Ejecutivo gallego que dé más información sobre los motivos de por qué se autorizan o no las solicitudes de eutanasia en la autonomía.
Una «falta de transparencia» y «oscurantismo» que en su opinión va más allá de los datos y cifras sobre las solicitudes y los procedimientos que se llevan a cabo, ya que «tampoco tratan de divulgar y aportar información a la ciudadanía» sobre la nueva Ley Orgánica que regula «el derecho a la muerte digna».
Otra de las demandas por parte de la organización es la falta de formación de los facultativos implicados, que hasta el momento solo cuentan con la posibilidad de participar en «un curso, con un sistema educativo online, totalmente voluntario».
Esto, según García Álvarez, genera que la gente interesada en solicitar este derecho «no pueda resolver sus inquietudes», ya que los sanitarios no conocen los trámites administrativos. Esto, según el presidente de la asociación, puede desencadenar en situaciones en las que una persona pueda estar «cinco meses sin que se dé respuesta a su solicitud».
Asimismo, esta asociación ve «esencial» la promoción por parte de la Xunta de Galicia de el «testamento vital», el documento de instrucciones previas donde cualquier persona «puede plasmar los cuidados que quiere recibir al final de su vida».
Este documento queda en la historia clínica y es válido para tener en cuenta la voluntad de aquellos paciente que ya se encuentran incapacitados para tomar o expresar esa decisión.
