El vicepresidente segundo y conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, ha participado junto al presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Santalices, en la XXI edición de los premios Iurisgama y Montero Ríos otorgados por la Asociación de Juristas Gallegos en Madrid.
Según ha indicado la Xunta en un comunicado, los galardones se han entregado este miércoles en Madrid, en el Senado, y reconocen el «buen hacer de los profesionales gallegos» en el ámbito de la jurisprudencia.
Así, el XXI Premio Iurisgama de la entidad lo ha recibido Julio Padilla Carballada, miembro del cuerpo jurídico militar y coronel auditor, exvocal del Consejo General del Poder Judicial y académico de la Real Academia Galega de Xurisprudencia e Lexislación.
Con todo, con el premio Montero Ríos ha sido reconocido el magistrado José Manuel Sieira Míguez, que formó parte durante más de 25 años de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, de la que fue presidente en el período 2010-2015.
El Ejecutivo autonómico ha recordado que ambos premiados cuentan con otras distinciones como la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort.
JUSTICIA «ÁGIL Y MODERNA»
Allí, Calvo ha puesto en valor estos premios por la «proyección» que supone para los juristas gallegos en Madrid, así como el trabajo de Iurisgama «como punto de encuentro» para los gallegos que participan en la Administración de Justicia de la capital española.
Asimismo, ha incidido en la apuesta de la Xunta para contar en Galicia con una justicia «ágil y moderna» con medidas como la dotación de salas de vistas digitales en todos los juzgados gallegos.
Por su parte, Santalices ha felicitado al presidente de la asociación, Carlos Lema Devesa, al tiempo que ha señalado que los integrantes de Iurisgama acreditan que Galicia «fue y sigue siendo cuna de excelentes juristas, ponen de manifiesto la vitalidad de la comunidad gallega asentada en Madrid, y recuerdan que este mundo de fronteras, lo universal es compatible con lo local».
Finalmente, ha reiterado que representa una institución «que cree profundamente en la autonomía», pero que al mismo tiempo, «son absolutamente leales con las restantes instituciones del Estado, de acuerdo con la letra y con el espíritu de la Constitución española».
