El Colegio Oficial de Médicos de Pontevedra ha decidido romper relaciones con la Consellería de Sanidade, a la que responsabilizan del «deterioro» de la sanidad gallega, especialmente, en el servicio de atención primaria; al tiempo que han avanzado que recurrirán a la vía judicial para «garantizar la salud de pacientes» y unas «condiciones profesionales adecuadas» para los facultativos.

La decisión ha sido acordada por unanimidad en el último pleno de la junta del colegio pontevedrés, que ha comunicado este miércoles que no retomará las conversaciones con la Administración autonómica hasta que cambie el equipo directivo del departamento de Sanidade que encabeza el conselleiro Julio García Comesaña.

En una nota remitida a los medios, inciden en las «múltiples ocasiones» en las que han intentado «encontrar una interlocuión adecuada» con la consellería, lo que, dicen, se ha topado como respuesta «ineficacia, falta de seriedad, planes que no se cumplen y, en ocasiones, respuestas que parecen más ocurrencias que soluciones reales».

Así las cosas, los facultativos pontevedreses consideran que la Xunta «está permanentemente instalada en una realidad falsa y fantasiosa» que ha llevado a un «deterioro» de la asistencia sanitaria que «sufren día a día» tanto los pacientes como los profesionales.

Unos «graves problemas» que «abarcan toda las esferas» de la sanidad pública y de los que responsabilizan a la Consellería de Sanidade. «Por más que busquen otros culpables, entre ellos, los médicos; son ellos los responsables de un gravísimo deterioro que no cesa de aumentar», añade el colegio pontevedrés.

Así las cosas, ha acusado a la Xunta de mentir e incumplir sus propias promesas, como el plan de atención primaria anunciado en 2019, y aseguran que los datos que trasladan no concuerdan con «la realidad» que viven en el día a día los pacientes y los profesionales.

En este sentido, ha advertido que situaciones como la falta de médicos y la delegación de sus funciones en farmacéuticos o enfermeros están ya «normalizadas». «No entendemos una asistencia primaria sin médicos ni con listas de esperas como las actulaes», ha añadido el colegio, que ha trasladado que el TSXG ya ha admitido a trámite denuncias sobre estas cuestiones.

También censuran la «ordenación de la demanda» que, a su juicio, es un triaje «disfrazado» que carece de «validez» clínica y jurídica que causa «un peligro» tanto para la intimidad y la seguridad de los pacientes.

A renglón seguido, el colegio ha aseverado que la oferta laboral del Sergas es «tan deficiente» que «ni creando nuevas categorías de médicos para este fin ofertando plazas fijas por un sistema de méritos (sin oposición), estas no se cubren».

«Formar a un médico le cuesta a la sociedad más de 300.000 euros y, la mayoría, se marchan a trabajar a otras autonomías, países o a la medicina privada», ha apostillado este colegio antes de incidir en el «trato desconsiderado y el maltrato» al que, dice, somete la Administración gallega a sus profesionales médicos.

NO QUIEREN ESTAR EN AP POR SUS CONDICIONES

Según el Colegio Médico de Pontevedra, la situación de la atención primaria provoca que los facultativos en formación descarten dedicarse a este servicio, ya que «durante su período de formación» perciben la «frustración» de los médicos «experimentados» a los que «se les impide realizar su trabajo en condiciones dignas por la saturación de pacientes en las agendas y la carga burocrática a la que se enfrentan en su día a día».

«Las enormes deficiencias actuales no se pueden solucionar sin una dotación económica adecuada, la cual no aparece ni en los presupuestos actuales ni en los del próximo año. Al igual que la creación de una comisión de seguimiento independiente. No podemos continuar con la política de disminución de la inversión en atención primaria de los últimos años. Esta es la razón fundamental que ha impedido dar una atención de calidad a nuestros pacientes», ha aseverado el colegio.

CESM PIDE JORNADA DE 35 HORAS

Por otro lado, la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos en Galicia (CESM) ha reclamado a la Xunta que establezca la jornada de 25 horas semanales para todo el personal sanitario en cumplimiento de una «deuda histórica» que serviría para paliar el «agravio comparativo» que sufren respecto a otras CCAA.

En un comunicado, el sindicato ha incidido en que esta reclamación «está más que justificada» ante la «inasumible» carga de trabajo a la que deben hacer frente en la actualidad y que llega después de dos años de lucha contra la pandemia.

Recuerda que en un total de diez comunidades –Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Navarra, Euskadi, Cantabria, Asturias, La Rioja, Canarias y Baleares– han implatado o recuperado desde 2011 la jornada de 35 horas, por lo que entienden como «intolerable» que en Galicia se mantengan las 37,5.