La sección segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra juzgará a partir de este lunes, 21 de noviembre, y hasta el próximo viernes, día 25, a los once componentes de una banda que se dedicaba a introducir droga en la provincia de Pontevedra.
Por ello, Fiscalía pide para los procesados entre 4 y 11 años de cárcel, además de multas económicas que oscilan entre los 100.000 y los 600.000 euros por la supuesta comisión de varios delitos contra la salud pública.
Tal como recoge el Ministerio Fiscal en su escrito de acusación, los hechos se remontan a 2016, cuando cinco de los acusados realizaban una actividad sostenida y entre todos estructurada con encomienda de tareas particularizadas a cada uno de ellos para el cuidado y explotación de distintas plantaciones de cannabis, encontrándose en la investigación casi 500 plantas en diferentes naves.
Además, en 2018, se pudo conocer que dos de los investigados habrían concertado la adquisición de una partida de hachís para introducirlo en la provincia de Pontevedra y comercializarlo en la misma, contando con la ayuda de otros de los acusados. Ese mismo año, la banda también llevaría a cabo otras labores para la introducción de heroína en Pontevedra.
Por todo ello, Fiscalía pide para cinco de los acusados cuatro años y seis meses de prisión y una multa de 350.000 euros, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de tres meses, por un delito contra la salud pública, además de un año de prisión por el delito de integración en grupo criminal.
Asimismo, el Ministerio Fiscal también pide para otros tres acusados cuatro años y seis meses de prisión y una multa de 550.000 euros, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de cuatro meses, por delito contra la salud pública.
Para otros dos acusados, Fiscalía pide nueve años de prisión y una multa de 600.000 euros por el delito contra la salud pública y dos años de prisión por el delito de integración en grupo criminal.
Además, el fiscal pide para un último acusado cuatro años y seis meses de prisión y una multa de 100.000 euros por el delito contra la salud pública.
