La conselleira de Infraestructuras e Mobilidade, Ethel Vázquez, ha remarcado que la justicia ya se manifestó en dos ocasiones e indicó que «no es la Xunta» quien debe abonar las bonificaciones de Rande y A Barcala «ni al Ministerio de Transportes ni a Audasa», concesionaria de la AP-9.

Así, Vázquez ha señalado a preguntas de los medios que, tras la firma del convenio entre la empresa, el Gobierno central –en la época de Zapatero– y la Xunta –con el bipartito de PSdeG y BNG–, y tras ver sus repercusiones, se constató «que había un enriquecimiento injusto». «Este convenio supone un negocio redondo para Audasa y un prejuicio enorme para los gallegos», ha criticado la conselleira.

De esta forma, ha recordado que la Xunta, ya con la nueva etapa del PPdeG, denunció ese «enriquecimiento injusto» y se resolvió «de manera adecuada y avalada por dos tribunales» con el Gobierno de España anterior, para que Galicia «no fuese participe de ese enriquecimiento injusto a Audasa».

Finalmente, Vázquez ha incidido en que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) «prefiere pleitear con la Xunta para que gane Audasa en vez de pelear por los intereses de los gallegos».

Sendas sentencias del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) y del Tribunal Supremo ya desestimaron la pretensión del Ministerio de Transportes para que la Xunta le abonase el 50 por ciento de la indemnización que el Gobierno le debe pagar a la concesionaria de la AP-9 por las cantidades que dejó de percibir por los ‘peajes en sombra’ de Rande y A Barcala.

Sin embargo, tal y como publica este martes el diario ‘La Voz de Galicia’, los Presupuestos Generales del Estado para 2023 todavía no tienen consignada esta cuantía que, de acuerdo con la justicia, debe pagar el Ministerio, porque la última sentencia del TSXG al respecto todavía no es firme.