El BNG ha demandado en la Eurocámara que el nuevo informe del ICES previsto para diciembre sobre la pesca de fondo contemple el impacto socioeconómico que supone en Galicia el veto a estas prácticas en 87 caladeros del Atlántico.

La eurodiputada del BNG, Ana Miranda, ha defendido esta postura durante su intervención en la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo, donde ha lamentado que las consecuencias sobre el tejido productivo no fuesen tenidas en cuenta en la elaboración del informe del ICES sobre el que se sustentó la medida.

«El ICES acaba de confirmar que no hay certezas, sino demasiada incertidumbree. Por lo tanto, ante datos tan inciertos, ¿por qué se decidió un veto tan drástico y con una repercusión tan desastrosa para el sector pesquero gallego?», se ha preguntado Ana Miranda.

En este sentido, según recoge un comunicado, la representante del Bloque ha calificado de «imprescindible» que el informe prometido por el ICES para antes de final de año tenga en cuenta «los datos empíricos pesqueros».

Así, ha defendido que la ciencia se «interprete» de forma que «asegure la sostenibilidad ambiental pero también la económica y social a largo plazo», por lo que ha demandado «coherencia» a la hora de diseñar políticas que permitan «lograr beneficios económicos, sociales y de empleo».

Además, Miranda ha insistido en que deben diferenciarse las artes de arrastres de fondo, la de enmalle y las de palangre de fondo, algo que, dice, no se ha hecho a la hora de adoptar un veto que, antes de aplicar, la Comisión Europea «tenía que haber esperado» a contar con los informes de 2022 «con datos actualizados y completos».