El Gobierno gallego ha autorizado este jueves, en su reunión semanal, el recurso ante el Tribunal Supremo (TS) ante la reforma del reglamento estatal de Costas, con el objetivo de evitar los efectos negativos que, bajo su punto de vista, acarrea para propietarios particulares y para la industria instalada desde hace «muchos años» en el litoral de la Comunidad.
Así lo ha ratificado el presidente gallego, Alfonso Rueda, en la comparecencia ante los medios posterior al Consello de la Xunta, donde ha incidido en la idea de que el Gobierno central, con sus últimas decisiones, busca la expulsión del litoral de presencia social y actividad económica sin una adecuada fundamentación técnica.
Como ejemplo, ha aludido a la eliminación de la posibilidad de prórrogas extraordinarias de todas las concesiones de actividades económicas. Pero esta modificación, además, establece una duración máxima de 30 años para la ocupación del dominio público marítimo-terrestre (DPMT) y, «por si fuera poco», ha incidido Rueda, procede a la «ampliación» del mismo.
En paralelo al recurso, el presidente ha vuelto a insistir en que el hecho de que la Xunta gestionase las competencias de costas facilitaría una mejor gestión y ha lamentado no tener respuesta por el momento por parte del Gobierno central, pese a que se lo reiteró al presidente Pedro Sánchez durante su encuentro en La Moncloa. En todo caso, en la línea de reforzar el autogobierno sobre la costa gallega, Rueda ha reiterado que su Ejecutivo trabaja en una Ley autonómica de ordenación del litoral.
En su intervención, también ha facilitado un dato que la Xunta ha remarcado de forma reiterada en los últimos meses: las decisiones estatales y la negativa al traspaso de competencias de costas pone «en riesgo» a 4.000 edificaciones pertenecientes a 82 municipios, incluidas un centenar de empresas de la cadena mar-industria.
EMPRESAS Y PROPIETARIOS AFECTADOS
Y más allá, ha sugerido que el Ejecutivo que dirige Pedro Sánchez actúa de forma premeditada. Como ejemplo, ha indicado que empresas pidieron hasta 18 prórrogas a lo largo de los últimos años para su actividad sin recibir «respuesta» del Gobierno central, «prueba» –ha interpretado– de que «se estaba esperando» a que el decreto que modifica el reglamento estatal les cerrase la puerta a su demanda.
«Quedan en limbo jurídico y ya se están produciendo muchas paralizaciones de actividad», ha dicho, y ha lamentado que 40 familias de Muros (A Coruña) se hayan «enterado por el Catastro» de que sus propiedades pasaban a ser titularidad del Ministerio para la Transición Ecológica y a formar parte del dominio público marítimo terrestre.
