El sector pesquero gallego afronta con «malestar» e «indignación» la entrada en vigor del reglamento europeo que veta la pesca de fondo en 87 caladeros del Océano Atlántico, lo que ha provocado que algunos barcos no saliesen a faenar a la espera de ver cómo evoluciona la situación.
Tal como ha asegurado este lunes la conselleira do Mar, Rosa Quintana, el sector «no lo está pasando bien» ante las primeras horas del veto. En declaraciones a los medios de comunicación, Quintana ha lamentado que las noticias que llegan no son buenas, ya que los diferentes barcos «tienen que estar buscando otras zonas donde pescar».
«La rentabilidad es muy baja. Llegan comentarios de que levantan los aparejos y no hay nada», ha añadido la titular de Mar, explicando que esta situación era previsible ante la entrada en vigor de la normativa europea.
Pese a ello, ha subrayado que los buques están tratando de buscar nuevas zonas en las que faenar, intentando localizar pescado, aunque ha reconocido que «va a una haber competencia muy fuerte» por los espacios, por lo que los barcos «tienen que andar moviéndose y buscando».
En la misma línea han hablado desde la Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo (ARVI). Su presidente, Javier Touza, ha trasladado el «malestar» y la «indignación» de los pescadores «que no entienden que la comisión haya tomado esta medida».
Así, se ha referido a las artes de fondo fijas, como el palangre o la volanta, que no suponen un arrastre por el fondo marino pero, sin embargo, son las más afectadas por el veto, ya que en su mayoría trabajaban en zonas de más de 400 metros de profundidad, las que trata de proteger la norma.
Por ello, Touza ha explicado que los barcos han tenido que desplazarse a otras aguas de menos de 400 metros de profundidad, por lo que tienen que «coexistir» con los arrastreros que ya trabajaban allí.
«Es muy difícil manejar palangres cuando hay al lado arrastreros moviéndote», ha lamentado, pese a que ha insistido en que las empresas tienen instrucciones de intentar respetar al máximo el resto de barcos, aunque hay dudas de la «viabilidad técnica» de poder pescar todos en las mismas zonas.
Javier Touza ha subrayado, en declaraciones a Europa Press, que este veto obligará a los marineros a dedicar «más tiempo y esfuerzo» para pescar la misma cantidad que antes de su entrada en vigor.
Por su parte, el gerente de la Organización de Productores Pesqueros de Burela (Lugo), Sergio López, ha indicado que por el momento no se han registrado incidentes entre barcos, aunque muchos de ellos están esperando a que unos acaben de faenar en ciertas zonas para acudir ellos.
Además, ha relatado que varios buques se han visto obligados a no salir al mar y permanecen amarrados a puerto este lunes «esperando a ver cómo evoluciona la cosa». En declaraciones a Europa Press, ha detallado que si normalmente hay entre uno y tres barcos en puerto, este lunes están entre siete u ocho.
VALORACIÓN EN SANTIAGO
Representantes del sector se han reunido este lunes en Santiago con la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, encuentro tras el cual han sido preguntados por las primeras horas de aplicación del reglamento que prohíbe a pescar en 87 zonas a la flota de fondo.
Así, el presidente de la federación nacional de cofradías, Basilio Otero, ha llamado la atención sobre que varios barcos salieron a faenar pero, una vez en alta mar, no largaron las redes, debido a la falta de información precisa sobre dónde y cómo pueden hacerlo.
Por su parte, el gerente adjunto de ARVI, Hugo González, ha apuntado a los próximos días para conocer los efectos de la medida, toda vez que algunos buques como los del pincho tardan 12 horas en retirar los aparejos y ver «si hay pescado» donde han ido a faenar.
En caso de que haya, «bien», pero como no sea así, ha advertido, tendrán que desplazarse a otras zonas, lo cual podría implicar solapamiento. Otero ha descartado, con todo, que estos movimientos vayan a implicar que se produzcan incidentes entre profesionales.
En este contexto, tanto el sector pesquero como la Xunta y los partidos políticos urgen al Gobierno central a que interponga el recurso que aseguró que pondría, para tratar de frenar la aplicación de este reglamento que ven «injusto».