Los juzgados gallegos practicaron en el segundo trimestre de este año 458 lanzamientos, un 2,5% más que en el mismo periodo de 2021, mientras que en España descendieron un 6,5%. En el caso de Galicia, 376, el 82%, fueron consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), es decir, por impagos de alquiler, los cuales aumentaron un 9,6%.

Otros 74 correspondieron a ejecuciones hipotecarias, un 16,9% menos que en 2021, y los ocho restantes derivaron de otras causas, según datos difundidos por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, en base al informe hecho público hoy por la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

De acuerdo con el citado informe, en la comunidad autónoma gallega, en el periodo estudiado, se practicaron, por cada 100.000 habitantes, 14 lanzamientos derivados de la LAU y 2,8, de ejecuciones hipotecarias.

El número de ejecuciones hipotecarias iniciadas en la comunidad en el segundo trimestre del año disminuyó un 37,5% con respecto al mismo periodo de 2022. Entre abril y junio se presentaron 155 procedimientos que permiten exigir el pago de las deudas garantizadas por prenda o hipoteca al acreedor, frente a los 248 del año anterior.

DEMANDAS DE OCUPACIÓN ILEGAL

El estudio también refleja que entre el 1 de abril y el 30 de junio de este año los juzgados gallegos ingresaron 31 demandas por ocupación ilegal de viviendas en casos en los que los propietarios son personas físicas, entidades sin ánimo de lucro o entidades públicas poseedoras de vivienda social.

Supone un ligero aumento frente a las 22 del segundo trimestre de 2021. Poniendo en relación el número de procedimientos ingresados con la población, en Galicia se registraron 1,2 por cada 100.000 habitantes.

CONCURSOS Y DESPIDOS

El informe del CGPJ recoge también otros datos como el número de concursos presentados en el segundo trimestre de 2022, contabilizando los presentados en los juzgados de lo mercantil y los de personas físicas registrados en los juzgados de primera instancia.

En total, ascendió a 257, lo que supuso un incremento del 53% respecto al mismo trimestre de 2021. De ellos, 119 correspondieron a personas naturales no empresarias, presentados en los juzgados de primera instancia, mientras que los 138 restantes se interpusieron ante los juzgados de lo mercantil.

En cuanto a los expedientes del artículo 64 de la Ley Concursal, relativos a la modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo (ERE’s), en la comunidad gallega se contabilizaron ocho en el segundo trimestre del año, un 65,2% menos que en 2021. En los juzgados de lo social, se interpusieron 1.312 demandas por despido, lo que supone un aumento interanual del 13,6%, pues el año pasado se registraron 1.155.

El estudio constata también un incremento de los procedimientos monitorios presentados en el segundo trimestre del año en los juzgados de primera instancia. En Galicia se interpusieron 10.213, frente a los 10.646 del año pasado, lo que supone un descenso interanual del 4,1 por ciento.