Solo seis comunidades autónomas han puesto en marcha hasta la fecha los bonos sociales de conectividad para subvencionar con 240 euros al año el acceso a Internet a colectivos vulnerables, pese a que la Comisión Europa aprobó el programa en mayo.

Tras su aprobación, Bruselas destacó el potencial del programa para reducir la brecha digital mediante esta ayuda para contratar o mejorar la conexión de los hogares hasta un mínimo de 30 Mbps.

Previamente, el Gobierno central había aprobado a mediados de marzo una transferencia a las comunidades que incluía 20 millones de euros para financiar este bono social.

Cantabria ha sido la comunidad más rápida en poner el programa al lanzar su convocatoria en junio. Posteriormente, ha sido secundada durante el mes de julio por Comunidad Valenciana, Galicia, La Rioja y País Vasco.

La última en unirse a la lista ha sido Castilla-La Mancha, que ha lanzado su convocatoria y ha habilitado el plazo para que los operadores que quieran prestar el servicio se unan al programa durante la segunda semana de agosto.

En el caso manchego, habilitarán la solicitud a aquellos hogares que también sean susceptibles de recibir el bono social eléctrico y el térmico.

Entre las comunidades que aún no han lanzado el programa, la Agencia Digital de Andalucía ha trasladado a Europa Press que trabaja actualmente en las bases reguladores para abrir el periodo de solicitudes en diciembre o enero.

De acuerdo a las disposiciones operativas del Plan de Recuperación, el Gobierno se ha fijado como meta que, para finales de 2023, alrededor de 125.000 familias hayan recibido uno de los bonos. De momento, los bonos convocados aspiran a llegar a un máximo de algo más de 28.000 familias.