La Ley del ciclo integral del agua entrará en vigor el próximo 1 de septiembre después de publicarse este viernes en el Diario Oficial de Galicia (DOG). El objetivo de esta nueva norma es «ayudar a los ayuntamientos a gestionar el servicio de forma ordenada y planificada».
Según ha destacado la Xunta, con esta nueva ley se pondrá a disposición de los municipios instrumentos para profesionalizar los servicios, de forma que los técnicos municipales contarán con programas de formación periódica y directrices que les servirán de guía. Además, las localidades que lo deseen, podrán ceder la gestión de las infraestructuras hidráulicas a la Xunta.
Asimismo, la administración autonómica ha asegurado que «contribuirá a evitar la llegada de aguas blancas a las depuradoras, que funcionen mal o que haya fugas en las redes municipales» que, según ha señalado, «en algunos ayuntamientos alcanzan el 80%».
Por otra parte, en un comunicado la Xunta ha explicado que la normativa supondrá aplicar unas tarifas «transparentes y homogéneas» en toda Galicia, que «respetan la autonomía municipal y no suponen incremento de tarifas ni imposición de ningún tipo».
De este modo, ha resumido la administración autonómica, se establece un marco normativo para «blindar la calidad en los servicios, la eficiencia en la explotación de las infraestructuras hidráulicas y la viabilidad económica de los sistemas», que marcará «un antes y un después» en la calidad de los servicios del agua a los ciudadanos y en el cuidado de las rías y de los ríos.
APROBADA CON EL RECHAZO DE LA OPOSICIÓN
El pleno de la Cámara gallega aprobó el pasado 28 de junio esta ley, el primer texto legal al que se da luz verde de forma definitiva con Alfonso Rueda como presidente de la Xunta. La norma salió adelante con el rechazo de la oposición –BNG y PSdeG– por considerarla una «subida de impuestos».
En cambio, el PP defendió que la nueva ley no supondrá un alza de impuestos, sino una reordenación de los existentes. «Si alguno escucha a algún grupo hablar de sablazo, pensará que la gente en Galicia no paga por el agua, y esto no es verdad», sostuvo el diputado popular José Manuel Rey Varela. «Aquí lo que se hace es reemplazar tasas para aquellos ayuntamientos que libremente lo decidan por otros conceptos», explicó.
Así, Rey Varela defendió que Galicia da «un nuevo paso» para la gestión de sus recursos naturales con este texto, con el que se busca evitar la mitad de las fugas existentes en las redes, por el cual que todos los ayuntamientos que quieran puedan solicitar de modo voluntario la gestión y ayuda autonómica.
Durante el debate, Luís Bará (BNG) denunció que el PP «presume de que quieren bajar los impuestos y lo que hace es subir una vez más los impuestos a las familias y a los hogares». En esta línea, Begoña Rodríguez Rumbo (PSdeG) apuntó que «de repente aparecen el canon de gestión de depuradoras, el canon de gestión de redes de colectores y el nuevo canon de abastecimiento».
A esto se une la crítica de que la Xunta «contribuye solo con un tercio» de los costes de las obras, mientras los ayuntamientos asumen los otros dos tercios. «No se tiene en cuenta la capacidad económica y técnica de los ayuntamientos», lamentó.
A renglón seguido, Bará cargó contra la Xunta por «actuar con un absoluto exceso de prepotencia y soberbia» por aprobar este texto «sin tener en cuenta la opinión del municipalismo», «sin cumplir el pacto local del agua anunciado a bombo y platillo en 2015» y «en contra de las comunidades vecinales de traídas del agua», además de sin contar con el CES.
