Las familias de los 21 fallecidos del buque gallego ‘Villa de Pitanxo’, hundido en la madrugada del 15 de febrero a 450 kilómetros de la costa de Terranova (Canadá), recuerdan al ministro de Pesca, Luis Planas, que remitieron al Gobierno central un informe sellado por el Colegio de Oficiales de la Marina Mercante Española que expone que es viable localizar e investigar los restos del naufragio.

En concreto, el ministro, que este miércoles ha visitado un laboratorio de sanidad vegetal en Lugo y la lonja de Burela, ha sido entrevistado también en la Televisión de Galicia (TVG), donde ha asegurado que aún «no hay ninguna decisión tomada» al respecto de si bajar al fondo del mar a localizar el pecio, algo que no es «una tarea sencilla».

Así, aunque Planas ha recordado que es un tema que compete a la Dirección General de la Marina Mercante –del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana– y, aunque ha garantizado que se haría «si hay algo que aclarar», también ha argumentado que la investigación «necesita unas condiciones técnicas precisas» de las que, ha dicho, «no» disponen.

Tras estas palabras del ministro, la portavoz de las familias de los fallecidos, María José de Pazo, ha criticado que se pronunciase a través de la TVG, porque ese «no es un canal» para comunicarse con ellas, al tiempo que ha censurado que sus declaraciones «no muestran la realidad».

«Lo único que sí es cierto y real es que llevamos cinco meses, como dice el ministro Planas, y no sabemos la profundidad del pecio. Y todo el mundo sabe que con un sónar se puede medir de forma sencilla la profundidad. Por tanto, si no se hizo es que no hubo voluntad», ha contestado De Pazo.

«UN INFORME VISADO»

En este contexto, la portavoz de los familiares ha recordado que el Gobierno central tiene «un informe visado» que «justifica de forma técnica la total viabilidad de la bajada al pecio». Por ello, ha reclamado que dejen «de poner excusas» y se les trate «con respeto y claridad», porque «21 fallecidos no son una pelota para estar de aquí para allá».

En dicho documento, firmado por el capitán Rodrigo Tuero, de Marítima de Consultores Asturleonesa, y sellado por el Colegio de Oficiales de la Marina Mercante Española, se sitúa a los restos del ‘Villa de Pitanxo’ en una profundidad de entre 700 y 1.000 metros, lo que haría posible sumergir robots denominados ‘ROV’, que se emplean comúnmente en operaciones no solo para obtener recursos del fondo marino, sino también en investigaciones judiciales para localizar restos humanos.

De hecho, el informe detalla que el Estado español tiene «en propiedad» varios buques dotados de la tecnología necesaria para ello. En concreto, se menciona el ‘Ángeles Alvariño’ y el ‘Ramón Margalef’, del Instituto Español Oceanográfico (IEO); el ‘Miguel Oliver’ y el ‘Vizconde de Eza’, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación; el ‘Sarmiento de Gamboa’, del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC); y el ‘Clara Campoamor’ de Salvamento Marítimo.

Además, el documento ofrece un plan de búsqueda del pecio del ‘Villa de Pitanxo’ acotando un área de búsqueda cuadrada a partir de los últimos movimientos del buque que ofrece la ‘caja azul’. Estos datos deducen que el barco apenas recorrió 2,2 millas náuticas (4,1 kilómetros) durante una hora y 29 minutos.

Así, al conocerse también la posición recogida con la activación de la radiobaliza, se puede estimar la posición del pecio con una incertidumbre «muy pequeña», de una milla náutica –sobre 1,8 kilómetros–.

En las conclusiones del informe elaborado por el capitán Tuero, se expone que hay «razones suficientemente sólidas para considerar» que se acometa el trabajo de búsqueda, ya que en «distintas ocasiones» el Estado español «ha sufragado inmersiones submarinas a profundidades que, en ocasiones, triplican las estimadas para el ‘Villa de Pitanxo'».

Es más, apunta al buque ‘Sarmiento de Gamboa’, del CSIC, como «el más indicado para la operación», aunque también «otro buque» equipado «con equipos cedidos» podría acometer esta labor. Y sugiere que las tareas de preparación y movilización llevarían solo 10 días.