La plantilla de Vitrasa, concesionaria del bus urbano de Vigo, ha vuelto a concentrarse este viernes ante el Ayuntamiento de la ciudad para reclamar la implicación del gobierno local en su conflicto, y a la espera de que avance el proceso de ‘descuelgue salarial’ anunciado por la empresa, con el argumento de que puede ir a la quiebra económica.

El presidente del comité, Imanol Arnoso (CIG), ha señalado que, de momento, la concesionaria no ha hecho efectivo su anuncio de rebajar los salarios un 30 por ciento y aplicar un incremento de 86 horas en la jornada anual, y ha explicado que el conflicto ya ha llegado a la Comisión Tripartita que dirime este tipo de casos de inaplicación de convenio colectivo.

El próximo paso será la entrega, por parte de los trabajadores, de sus alegaciones, y se espera que la comisión nombre un árbitro para resolver el conflicto.

Arnoso ha insistido en que, pese a las «buenas palabras» del alcalde y del concejal Javier Pardo, el gobierno municipal no ha dado pasos para tratar de impedir ese ‘descuelgue salarial’, y ha vuelto a plantear que, si la empresa no puede asumir el servicio, debe rescatarse la concesión (una opción que el gobierno local descarta).

Por su parte, el vicepresidente del comité, Fernando Pérez (USO), ha señalado que Vitrasa asumió una prórroga de la concesión «a toda prisa y en plena pandemia». «Sabía lo que había, y ahora dice que no le dan los números y pretende que lo paguemos los trabajadores», ha denunciado.

Al respecto, ha indicado que la plantilla, que lleva meses denunciando el incumplimiento del convenio, recortes en el servicio y precariedad en sus condiciones laborales, no aceptará que se rebajen sus sueldos. Al resto, ha subrayado que, en el momento en que «se baje un céntimo», los trabajadores irán a la huelga indefinida.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

El portavoz del grupo municipal del PP, Alfonso Marnotes, ha advertido de que el problema en Vitrasa es «culpa del alcalde, que prorrogó concesión de manera extraña, después de haber dicho que no lo haría, en plena pandemia».

Según ha criticado, Vigo es la única ciudad española donde los trabajadores del bus urbano se enfrentan a recortes salariales, mientras en el resto de urbes se suben los sueldos. «Y el alcalde se pone perfil, pero es el titular del servicio, porque lo es el Ayuntamiento, y tiene que adoptar medidas», ha reclamado el edil ‘popular’.

Por su parte, el portavoz de Marea de Vigo, Rubén Pérez, ha afirmado que este tipo de problemas laborales en la concesionaria son «responsabilidad de quien contrata», que es el Ayuntamiento, y ha advertido de que también otras concesionarias se están negando a actualizar salarios.

Rubén Pérez ha vuelto a reclamar al gobierno local que abra un expediente y pida una auditoría sobre la situación económica de Vitrasa, que el año pasado recibió «21 millones de euros en ayudas», y ha reiterado que si la concesionaria del bus urbano quiebra «será una oportunidad» para que Vigo cuente con una empresa pública (o al menos una empresa mixta) de transporte urbano.

Finalmente, el concejal del BNG, Xabier Pérez Igrexas, ha aseverado que no se conoce «ni una sola acción» por parte del gobierno local para evitar que Vitrasa «perpetre un atentado laboral gravísimo». «No movieron ni un dedo», ha constatado.

«Lo único que confirmó el gobierno local (…) es que seguirán blindando la gestión privada, y que se niegan incluso a preparar un eventual rescate de la concesión. Un ejemplo más de como el PSOE entregó el Ayuntamiento a los intereses de grandes empresas privadas», ha sentenciado.