La conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, ha advertido de que el plazo fijado por la ley estatal de residuos para implantar el contenedor marrón para la recogida de desechos orgánicos, que finaliza el próximo 30 de junio, resulta «totalmente inasumible» para la mayor parte de los municipios de más de 5.000 habitantes.
Así lo ha aseverado este viernes durante una reunión celebrada con los ayuntamientos coruñeses de A Laracha, Cabana de Bergantiños, Carballo, Cerceda, Santa Comba y Arteixo, que tienen implantada ya la recogida de la fracción orgánica, según informa la Xunta.
En el marco de este encuentro, al que también ha asistido el presidente de la Sociedade Galega do Medio Ambiente (Sogama), Javier Domínguez, la responsable de Medio Ambiente ha recordado que la ley de residuos y suelos contaminados, que entró en vigor el pasado 10 de abril, introduce plazos «mucho más restrictivos» que los fijados por la Unión Europea para realizar esta transición.
Así, Vázquez ha explicado que la directiva comunitaria fija como límite el 31 diciembre de 2023 para que todas las entidades locales europeas cumplan con el contenedor marrón. Sin embargo, ha añadido, «voluntaria e inexplicablemente» el Ejecutivo central decidió acortar en año y medio estos tiempos en el caso de los municipios de más de 5.000 habitantes.
En este contexto, la conselleira ha advertido que las administraciones locales que no lo hayan hecho a día 30 de junio –dentro de poco más de un mes– se enfrentarán a sanciones económicas de hasta 100.000 euros.
Ángeles Vázquez ha lamentado que, pese a las alegaciones y las advertencias de la Xunta, el Gobierno central continúe con esta decisión «unilateral». En contraposición, ha puesto el ejemplo de la nueva ley gallega de residuos –de 2021–, que es «acorde y coherente» con la legislación comunitaria.
ESTRATEGIA GALLEGA DE RESIDUOS Y SOGAMA
Además, la conselleira de Medio Ambiente ha reivindicado el impulso de la estrategia gallega de biorresiduos y residuos municipales, con un presupuesto de 60 millones de euros y destinada a garantizar que la gran mayoría de los 295 ayuntamientos adscritos a Sogama dispongan de una planta de compostaje o de transferencia a menos de 50 kilómetros.
A tal fin, se diseñó una red de infraestructuras compuesta por 17 instalaciones: cuatro dirigidas al tratamiento de los residuos orgánicos y 13 plantas de transferencia con una tolva específica para recoger estos residuos.
Una de ellas es la planta de Sogama en Cerceda, en funcionamiento desde el año 2020 y con la que actualmente han suscrito un convenio los cinco ayuntamientos coruñeses con los que se ha reunido esta mañana la conselleira.
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Contenido multimedia:
Audio: La Xunta ve «inasumible» implantar en junio el contenedor marrón los municipios de más de 5.000
Duración: 01:38
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