La institución del Defensor del Pueblo ha iniciado una actuación de oficio con las administraciones competentes en materia social de todas las comunidades autónomas, además de con el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, para conocer los posibles casos de explotación sexual de menores tutelados que se hubieran detectado en cada territorio, así como, en tal supuesto, las medidas específicas de protección adoptadas con respecto a los afectados.
Asimismo, el Defensor del Pueblo ha requerido detalles sobre la aplicación del Plan Contra la Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema de Protección a la Infancia, aprobado por el Gobierno y las comunidades autónomas el pasado 5 de mayo.
El objetivo del Plan es prevenir la explotación sexual contra la infancia y adolescencia tutelada o acogida por las administraciones, mejorar la atención a las víctimas, y reforzar estructuralmente al sistema de protección para prevenir que se produzcan nuevos casos en el futuro.
Por todo ello, el Defensor solicita información a las administraciones acerca de las acciones y calendario previsto para poner en marcha las distintas medidas aprobadas.
La Institución ya inició actuaciones, en 2020 y a principios de 2022, ante el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) y ante la Consejería de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid, tras conocer casos de menores tutelados por esas CC.AA que habían sido presuntamente víctimas de abusos o de explotación sexual.
