La conselleira do Mar en funciones, Rosa Quintana, ha alertado este lunes de la amenaza que suponen para la cadena mar-industria de Galicia ciertas decisiones del Gobierno central que ponen en riesgo al sector.

En su visita a las depuradoras Mariscos Linamar y Mariscos Daporta en el puerto de Tragove, en Cambados (Pontevedra), ha lamentado la situación en la que se encuentran estas compañías tras el informe emitido por Costas del Estado que cuestiona su continuidad en terrenos portuarios.

Según ella, esta situación «confirma» que las decisiones del Gobierno central en este sentido ponen en riesgo el futuro de la cadena mar-industria de Galicia. Solo en este caso, se ven afectadas tres depuradoras y alrededor de 300 empleos.

«Todo aquello que llevamos diciendo desde 2019 y por lo que nos llamaban alarmistas vemos que es una realidad. Decíamos que venía el lobo y nos acusaban de mentir, pero vemos que el lobo ya está aquí», ha criticado la titular de Mar, que trasladó a los representantes de las dos empresas el apoyo de la Xunta.

Quintana ha pedido al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico que no aplique agravios comparativos con Galicia y que dé seguridad jurídica a las empresas del sector para que puedan desarrollar sus proyectos.

«La interpretación que hace el Gobierno central, que cuestiona la presencia en terrenos portuarios de actividades tradicionalmente permitidas como la acuicultura y la depuración de productos del mar, pone en riesgo unos 300 puestos de trabajo solo en tres depuradoras afectadas en el puerto de Tragove y amenaza otras instalaciones sociales», ha lamentado el Ejecutivo gallego en un comunicado.

«EXTREMA GRAVEDAD»

Para Rosa Quintana, este es un asunto de «extrema gravedad», porque este mismo problema puede reproducirse en muchos de los 112 puertos autonómicos con los que cuenta Galicia, lo que dejaría «en el aire» la continuidad de numerosas instalaciones del complejo mar-industria.

El informe de Costas del Estado pretende aplicar la Ley de Costas en los terrenos portuarios por lo que va, según la Xunta, «en contra de la Ley de Puertos de Galicia, del Estatuto de Autonomía de Galicia y de la propia Delimitación de los Espacios y Usos Portuarios».

La titular de Mar también ha recordado otros «ataques» del Gobierno a la cadena mar-industria, como el recurso del Plan xeral de explotación marisquera 2021-2023.

«Por primera vez desde 1991 recurren algo para lo que tenemos competencias exclusivas. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia nos dio la razón con una sentencia muy bien fundamentada y el Gobierno central volvió a recurrir poniendo en riesgo una explotación marisquera con 9.000 profesionales afectados que es un modelo a seguir en la Unión Europea», ha censurado.